La Jabalinada / Bruno Cortés
En México el agua se roba como antes se robaba la gasolina: de noche, con manguera y con la complicidad de alguien que voltea para otro lado. La diferencia es que la gasolina tenía nombre de delito y el agua todavía no.
Eso es lo que quiere corregir la senadora panista Susana Zatarain. Su iniciativa, turnada este lunes a las comisiones unidas de Recursos Hídricos y de Estudios Legislativos Primera, según el boletín 0470 del Senado, propone de seis a 10 años de prisión y multa de 300 a 800 UMA para quien extraiga agua sin concesión, perfore pozos clandestinos, manipule medidores o venda lo que sacó de una tubería ajena. Si el negocio rebasa los 50 mil litros, la pena es la misma que para el pozo pirata; si se hace de forma organizada o deja sin servicio a una población, sube hasta en una mitad.
El dato que acompaña la propuesta no es menor: entre 2019 y septiembre de 2022 se registraron más de 131 mil tomas ilegales, con Aguascalientes, el Estado de México y Nayarit a la cabeza. Ciento treinta y un mil agujeros en la tubería del país. Y eso es lo que se alcanzó a contar.
Hay que reconocerlo: la idea es buena y llega tarde. La propia senadora admite que hace falta fortalecer el marco jurídico federal, que es la forma elegante de decir que hoy el castigo es difuso y la pipa se va como llegó. Mientras tanto, en colonias enteras la llave escupe aire y el tandeo se volvió parte del paisaje. Nombrar el delito no llena un tinaco, pero al menos deja de tratar como travesura lo que ya es mercado negro.
Ahora la parte incómoda. Una pena de cárcel sin quien investigue es puro adorno legislativo. El huachicol de combustible también tuvo su reforma, sus agravantes y sus discursos, y las tomas no desaparecieron. Si la Conagua y las fiscalías no tienen con qué medir, vigilar y perseguir, el nuevo artículo será otro letrero de «prohibido» pegado en una pared que nadie revisa.
Del agua pasamos a la grilla, que también se filtra por todos lados. Ricardo Monreal anticipó este lunes que la elección de 2027 será «más cerrada y polarizada» y pidió cuidar que sea pacífica. Viniendo del coordinador de la mayoría, la frase vale doble: no es la oposición la que pronostica tormenta, es el que tiene el paraguas.
Y no está solo el dato. En junio de 2027 se renuevan las 500 curules de San Lázaro, 17 gubernaturas y 19 mil 609 cargos locales, con un INE que trabaja con 10 consejeros y una presidenta provisional tras la salida de Guadalupe Taddei. Monreal dice que el instituto puede operar así. Puede. También un coche puede andar con una llanta de refacción; lo que no conviene es meterlo a carretera en temporada de lluvias.
Mientras tanto, la coalición oficialista se arregla en voz baja. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, aseguró que la alianza con el PT y el Verde sigue «en construcción», que las dirigencias se reúnen cada semana y que ya pidieron ante la autoridad electoral el primer convenio, el de Guerrero. De las declaraciones del petista Reginaldo Sandoval dijo que son una postura personal que genera «ruido».
Traducción jabalí: la casa grande tiene goteras y los inquilinos ya discuten quién paga el impermeabilizante. «Nunca hemos sido una coalición total», admitió Hernández. Es honesto. También es la confesión de que el reparto de 2027 se va a negociar estado por estado, con calculadora y sin testigos.
La oposición no sale mejor parada. Hablar de polarización le conviene a quien gobierna, porque convierte cualquier crítica en exceso, y a quien no gobierna, porque convierte cualquier derrota en fraude anticipado. Entre los dos se reparten el miedo y nadie se ocupa de explicar qué va a pasar con el árbitro.
El tercer tema llega con calendario de puente. La Cámara de Diputados no sesionó este lunes por el aniversario de la Revolución y reanudará el miércoles 18 en modalidad semipresencial, por acuerdo de todas las fuerzas políticas. En la mesa: la reforma integral a la LGEEPA, el certificado de libre deforestación y la nueva Ley General de Bienestar Animal, que Monreal quiere aprobar por consenso.
Son temas serios. La ley de bienestar animal es un compromiso de la presidenta Sheinbaum tras la reforma constitucional y busca un piso mínimo de protección en todo el país; el certificado de libre deforestación definirá qué predios pueden presumir que no tumbaron monte. Merecen debate con la gente en la sala, no con la cámara apagada y el micrófono en mute.
Monreal presume que de una agenda de casi 30 puntos ya se agotó el 70 por ciento, y lo resumió en redes con la frase de rigor: «Seguimos dialogando con responsabilidad». Ojalá. Porque una ley general que va a regir en 32 entidades no debería aprobarse con la prisa de quien quiere irse temprano al puente.
Robar agua, repartirse el 2027, legislar a medio asiento. Tres escenas del mismo lunes festivo.
El país de la toma clandestina tiene ahora quien quiera castigarla. Falta que alguien cierre la llave.
P.D. Los hijos como botín. La senadora Simey Olvera presentó una iniciativa para castigar la sustracción de menores por uno de sus progenitores sin orden judicial, con penas de seis meses a cuatro años, y más si se simulan pruebas o se los llevan a otra entidad. El SESNSP reportó 6 mil 906 carpetas por sustracción de menores en el primer semestre. Seis mil 906 niñas y niños usados como arma en un pleito que no es suyo. Ahí no hay grilla que valga.
