adminEl presidente Donald Trump no se rinde con su cruzada para achicar al gobierno federal. Este lunes, el Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que anule una orden de la jueza federal Susan Illston que bloquea los despidos de decenas de miles de empleados públicos y la reestructuración de casi 20 dependencias, desde Agricultura hasta Veteranos. La jugada llega tras dos reveses judiciales consecutivos en San Francisco: el fallo de Illston (22 de mayo) y la negativa del Noveno Circuito a suspenderlo (30 de mayo).
¿En qué consiste el plan de Trump?
- Orden ejecutiva de febrero: instruyó a las agencias a “iniciar de inmediato reducciones de plantilla a gran escala”.
- Meta declarada: eliminar decenas de miles de plazas, fusionar oficinas y automatizar procesos a través del nuevo Department of Government Efficiency (DOGE), encabezado por Elon Musk, para “recortar gasto y burocracia”.
- Agencias afectadas: Agricultura, Comercio, Salud y Servicios Humanos (HHS), Estado, Tesoro, Asuntos de Veteranos y más. Unas 75 000 bajas ya estaban en marcha antes del bloqueo judicial.
¿Por qué frenaron los tribunales?
La jueza Illston concluyó que solo el Congreso puede autorizar una reestructura de esa magnitud y que el Ejecutivo se extralimitó. El Noveno Circuito coincidió, subrayando que el gobierno “no demostró perjuicio irreparable” y que los demandantes—sindicatos, ONG y condados—probablemente ganarán el caso.
Impacto de los despidos ya anunciados
- Agricultura: 5 600 ceses y cierre de la sede central en Washington, con riesgos para programas de apoyo a agricultores.
- HHS: plan para recortar 20 000 empleos y fusionar agencias clave, criticado por expertos en salud pública.
- Forest Service: 3 400 bajas que, según líderes estatales, podrían agravar la temporada de incendios.
El camino legal que se avecina
La Corte Suprema dio hasta el 9 de junio para que sindicatos y gobiernos locales respondan. Si el tribunal acepta el caso, podría decidir en pleno verano, justo cuando las agencias preparan sus presupuestos 2026. Para la Casa Blanca, el tema es cuestión de “autoridad constitucional”, mientras que los opositores hablan de “reforma sin precedentes” que pondría en jaque servicios como inspección de alimentos, control de epidemias y atención a veteranos.
Reacciones
- Sindicatos (AFGE, NTEU): aseguran que la maniobra pretende despedir personal protegido y reemplazarlo por leales políticos.
- Expertos en presupuestos: alertan sobre costos ocultos en indemnizaciones y demandas laborales, que podrían superar los supuestos ahorros.
- Mercados: bonos municipales ligados a contrataciones federales cayeron 1,2 % tras el anuncio de la apelación.
