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En un movimiento que podría agitar la política exterior de Estados Unidos y generar tensiones con varios aliados internacionales, el gobierno de Donald Trump evalúa ampliar sus restricciones migratorias a ciudadanos de 36 países, muchos de ellos ubicados en África, Asia Central, el Caribe e islas del Pacífico.
Según reveló un cable interno del Departamento de Estado, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio y publicado inicialmente por The Washington Post, la nueva lista incluye a 25 países africanos, entre ellos Egipto y Yibuti, dos socios estratégicos de Washington en temas de defensa y seguridad en Medio Oriente y el Cuerno de África.
¿Por qué Trump busca ampliar el veto migratorio?
De acuerdo con el cable diplomático filtrado, el argumento central de la Casa Blanca es reforzar la seguridad nacional ante lo que describen como “riesgos de terrorismo, pasaportes poco seguros, falta de cooperación para deportaciones y actividades antisemitas o antiamericanas”.
La medida forma parte de la nueva ofensiva migratoria impulsada por Trump durante su segundo mandato, que ha incluido:
- La deportación masiva de venezolanos desde El Salvador.
- Nuevas restricciones a estudiantes extranjeros en universidades de EE. UU.
- Reformas aceleradas para limitar la migración legal.
El cable establece un plazo de 60 días para que los gobiernos señalados respondan a las preocupaciones estadounidenses, o podrían enfrentar una suspensión total o parcial de visados y permisos de entrada al país norteamericano.
Países en la mira
Entre las 36 naciones mencionadas se encuentran:
- África: Nigeria, Ghana, Egipto, Etiopía, Sudán del Sur, Zambia, Uganda, entre otros.
- Asia y Pacífico: Camboya, Kirguistán, Bután, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
- Caribe: Santa Lucía, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda.
Muchos de estos países han mantenido relaciones diplomáticas estables con EE. UU., lo que hace que la propuesta genere tensiones y posibles represalias diplomáticas.
Críticas y preocupaciones
Organismos de derechos humanos, analistas de política exterior y líderes internacionales ya han comenzado a cuestionar la medida por considerarla discriminatoria, ineficaz y dañina para las relaciones internacionales.
“Este tipo de políticas migratorias tienden a castigar a poblaciones enteras por deficiencias estatales o problemas de gobernabilidad que deben resolverse con cooperación, no con castigos colectivos”, señaló un experto en migración del Brookings Institution.
Además, activistas señalan el impacto humanitario que esta decisión tendría sobre miles de personas que buscan entrar a EE. UU. por estudios, reencuentro familiar o razones laborales.
