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CDMX a 8 de julio, 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará este martes al Congreso una iniciativa para crear la Ley General contra la Extorsión, con el objetivo de que los 32 estados de la República investiguen este delito de manera automática, sin necesidad de una denuncia formal de las víctimas.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la iniciativa no busca endurecer penas, sino trasladar la carga de la denuncia del ciudadano al Estado, ya que muchas personas afectadas prefieren guardar silencio por miedo a represalias.
“Hoy quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Con esta ley, el Estado asume esa responsabilidad”, expresó la presidenta.
¿Qué plantea la iniciativa?
La propuesta tiene dos fases principales:
- Modificar la Constitución, en específico el artículo 73, para otorgar al Congreso facultades que le permitan legislar sobre extorsión.
- Una vez aprobado el cambio, se presentará la Ley General contra la Extorsión, con un tipo penal único a nivel nacional, que incluirá:
- Definiciones claras de extorsión, incluyendo el cobro de piso
- Delitos vinculados y agravantes
- Sanciones estándar en todos los estados
Una vez aprobada la ley, los congresos locales deberán armonizar sus leyes estatales con la nueva normativa nacional.
¿Por qué es importante?
La extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en México en los últimos años, afectando a comercios, transportistas, empresarios y ciudadanos comunes en distintas regiones del país.
La presidenta reconoció que se trata del único delito que no ha logrado disminuir, a pesar de las estrategias de seguridad implementadas.
La nueva legislación forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada este domingo, la cual contempla también acciones de inteligencia e investigación criminal con apoyo de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
¿Hay preocupaciones?
Aunque la propuesta busca combatir un delito que daña profundamente a la sociedad, organizaciones civiles han expresado preocupación por el uso de herramientas de inteligencia que podrían vulnerar el derecho a la privacidad de las personas, especialmente si se utilizan de manera opaca o sin supervisión judicial.
La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, aclaró que la extorsión ya es un delito considerado grave en el artículo 19 de la Constitución, y que con esta reforma se agregará al catálogo del artículo 73, lo que dará base legal a su persecución de oficio.
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