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Ricardo Monreal gana batalla legal contra Layda Sansores ante la Suprema Corte
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles otorgar un amparo al diputado federal Ricardo Monreal Ávila en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, tras considerar que la mandataria vulneró los derechos del legislador al divulgar un audio en 2022 donde se le acusaba de presuntas irregularidades en el sistema de justicia.
La decisión de la Corte se da casi tres años después de que la gobernadora difundiera, durante su programa “Martes del Jaguar”, un fragmento de audio atribuido a Monreal y acompañara su publicación con señalamientos que lo vinculaban con actos de encubrimiento y manipulación judicial. La SCJN concluyó que dichas afirmaciones, hechas desde una posición de poder y utilizando recursos públicos, transgredieron la honra y presunción de inocencia del legislador.
La resolución —aprobada por mayoría en la Primera Sala— destaca que las declaraciones de Sansores no solo carecían de sustento jurídico y procesal, sino que fueron presentadas sin ofrecer al aludido derecho de réplica ni una investigación formal que respaldara los señalamientos. Esto, a juicio de los ministros, constituyó una violación directa a sus derechos humanos.
La Corte subrayó además que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de servidores públicos no es ilimitado, y que al tratarse de una figura de autoridad, se requiere un mayor grado de responsabilidad en el uso de canales oficiales para emitir señalamientos contra otros actores públicos o ciudadanos.
Monreal, quien fue entonces coordinador de los senadores de Morena, promovió diversos recursos legales tras la difusión del material, entre ellos un juicio de amparo y una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por uso indebido de medios públicos con fines propagandísticos. Con esta resolución, el legislador suma un fallo contundente a su favor en la arena jurídica.
A lo largo del proceso, el ahora diputado federal sostuvo que el contenido del audio fue manipulado y difundido con fines políticos, lo cual impactó su imagen pública y trayectoria. La SCJN no se pronunció sobre la veracidad del material, pero sí sobre el daño causado al divulgarlo sin garantías de legalidad.
Por su parte, la defensa de Sansores argumentó que su actuar se enmarcó en su libertad de expresión y en el ejercicio del derecho a la información. No obstante, la Corte estableció que no se puede equiparar la libertad de expresión de un ciudadano con la de un funcionario en funciones, cuya voz tiene implicaciones institucionales.
Este fallo no solo representa una victoria legal para Monreal, sino que sienta un precedente importante sobre los límites del discurso político desde el poder. Especialmente en un contexto donde el uso de plataformas gubernamentales para difundir información polémica o no verificada se ha vuelto cada vez más frecuente.
La sentencia, que aún podría derivar en otras acciones legales, confirma que incluso dentro de los mismos partidos —ambos son figuras prominentes de Morena— la justicia debe actuar sin matices políticos ni excepciones partidistas.
