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El 13 de julio, el empresario Simón Levy sorprendió en redes sociales con una denuncia que apuntaba directamente a funcionarios del gobierno de Puebla: según él, le exigieron un millón de dólares como condición para autorizar un proyecto inmobiliario de su empresa. En respuesta, anunció la cancelación de la inversión.
La acusación generó un fuerte eco mediático, pero rápidamente se vio debilitada por un comunicado de Vessel Housing, que negó haber sido víctima de extorsión. Esta contradicción fue interpretada como una señal de que la denuncia no tiene sustento institucional.
Hasta ahora, no se ha presentado ninguna denuncia ante autoridades competentes, y no existe una investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado. El propio Levy asegura tener grabaciones y documentos, pero no los ha hecho públicos ni los ha entregado a instancias legales.
El caso ha encendido un debate más amplio sobre la transparencia y el uso político de las redes sociales. Varios usuarios en X han cuestionado los motivos del empresario, quien mantiene una postura crítica hacia el gobierno federal y el estatal.
Sin pruebas concretas, la narrativa de “víctima de extorsión” pierde peso, y algunos analistas comienzan a ver en el caso una estrategia para desacreditar al gobierno poblano. Por su parte, el equipo del gobernador señala que el proyecto fue tratado conforme a la ley y que no hubo trato preferencial.
El episodio ha puesto sobre la mesa un dilema frecuente en la vida pública mexicana: ¿denunciar en redes equivale a transparencia? ¿Dónde quedan las vías legales y el debido proceso?
