adminVeracruz a 28 de agosto, 2025.- La mañana del jueves 28 de agosto de 2025, Veracruz se sacudió con una noticia que hiela la sangre y conmueve a comunidades enteras: Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas (2018–2021) y su hijo fueron ejecutados a plena luz del día mientras circulaban por carretera. El ataque ocurrió en el entronque que conecta Zomelahuacan con Pueblo Nuevo, cuando un comando armado interceptó la camioneta en la que viajaban y disparó una y otra vez. En el lugar se contaron más de 40 casquillos, una cifra brutal que deja claro lo crudo del suceso.
Testigos cuentan que en medio de la balacera se vivieron escenas de caos y miedo. Habitantes de la zona narraron cómo corrieron para cubrirse tras las ráfagas, que retumbaron y quedaron marcadas en el ambiente.
Las autoridades actuaron rápidamente: personal de la Policía Ministerial, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y servicios periciales llegaron al sitio para acordonar y recoger pruebas. Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado y la SSP no han emitido comunicados oficiales ni reportado detenidos.
Melquiades Alarcón Caro fue una figura conocida y querida en su municipio. Llegó al cargo como aliado del PRI y el Verde (PRI-PVEM), y su gestión entre 2018 y 2021 estuvo marcada por labores cercanas con la comunidad. Su asesinato y el de su hijo han despertado una ola de indignación y demanda de justicia.
Todo esto ocurre en un estado flagelado por la violencia política. Hace solo unos días, otro exalcalde fue secuestrado o muerto en un episodio similar, lo que subraya una tendencia preocupante en varias regiones de Veracruz. El nivel creciente de impunidad y fácticas disputas entre crimen organizado y actores políticos ponen en alerta constante a la población.
Mientras las investigaciones siguen su curso, la sombra de la violencia política en Veracruz solo se alarga más. Los habitantes de Las Minas y de todo el estado reclaman respuestas y justicia. Este caso es otra página dolorosa que resalta la urgencia de medidas que realmente garanticen la protección de servidores públicos y sus familias.
