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Con un consenso inédito de 472 votos, Aureliano Hernández Palacios asumirá la titularidad de la ASF hasta 2034.
La Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo político contundente para nombrar a quien estará al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En una jornada marcada por la civilidad parlamentaria, la designación de Aureliano Hernández Palacios logró una mayoría que refuerza la legitimidad del órgano encargado de fiscalizar cada peso del erario federal.
Los números del consenso
El resultado de la votación en el Pleno reflejó una voluntad política mayoritaria, dejando atrás la polarización en temas de fiscalización:
- Aureliano Hernández Palacios: 472 votos.
- Luis Miguel Martínez: 6 votos.
- Elizabeth Barba: 1 voto.
- Cédulas inutilizadas: 19.
- Votos nulos: 2.
Esta cifra destaca por ser notablemente superior a la obtenida en su momento por el auditor saliente, David Colmenares Páramo, superando su registro por casi 100 votos. El encargado de tejer este acuerdo fue Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), quien logró que los coordinadores de todas las bancadas priorizaran el entendimiento.
Periodo y responsabilidad
El nuevo titular de la ASF iniciará funciones este 15 de marzo de 2026 y permanecerá en el cargo hasta el 14 de marzo de 2034.
La labor de Hernández Palacios será determinante para la revisión de la Cuenta Pública y el fortalecimiento de la transparencia en el uso de los recursos de la nación. Al ser un órgano técnico de la Cámara de Diputados, la ASF es la pieza clave para combatir las irregularidades financieras en las dependencias federales.
Antecedentes y relevancia
Esta votación es vista por diversos legisladores como una muestra de madurez parlamentaria. La elección de un auditor con un respaldo casi total es fundamental, ya que el sistema de rendición de cuentas requiere de una institución robusta y con pleno respaldo de las fuerzas políticas para operar sin presiones externas. Con este movimiento, se busca garantizar la continuidad y estabilidad en la vigilancia de los dineros públicos durante los próximos ocho años.
