En un contexto de creciente debate sobre la eficacia del sistema penal, el Instituto de Reinserción Social (IRS) de la Secretaría de Gobierno capitalina refrendó su compromiso con una justicia de enfoque humano y con la construcción de políticas públicas orientadas a la reintegración efectiva de personas egresadas del sistema penitenciario.
Durante el Foro “Estado, Justicia y Reinserción Social”, realizado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y organizado por Colibres A.C., autoridades, especialistas y representantes de la sociedad civil coincidieron en que la reinserción social constituye un pilar esencial del sistema de justicia penal, al incidir directamente en la reconstrucción del tejido social y en la disminución de la reincidencia delictiva.
En este marco, el IRS —adscrito a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México— destacó su participación en el fortalecimiento de estrategias interinstitucionales, orientadas a garantizar oportunidades reales de inclusión social, laboral y comunitaria para personas que han enfrentado procesos penales.
La directora del Instituto, Cinthia Guadarrama Godínez, subrayó que una justicia con enfoque humano es indispensable para consolidar un Estado democrático, al reconocer que las personas privadas de la libertad conservan sus derechos y requieren condiciones dignas para reconstruir su proyecto de vida.
Asimismo, enfatizó que la reinserción efectiva no puede limitarse al cumplimiento de una condena, sino que debe incluir capacitación para el trabajo, acceso al empleo formal, acompañamiento integral y políticas públicas que atiendan las desigualdades estructurales que inciden en la comisión de delitos.
Durante las mesas de análisis, se planteó la necesidad de fortalecer el debido proceso, erradicar prácticas injustas dentro del sistema penal y promover la corresponsabilidad entre Estado, iniciativa privada y organizaciones sociales para generar entornos favorables de reintegración.
El foro también evidenció los retos persistentes que enfrentan las personas egresadas del sistema penitenciario, como la estigmatización social, la falta de oportunidades laborales y las barreras institucionales, factores que, de no atenderse, pueden propiciar la reincidencia.
En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, reiteró su compromiso con la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, orientadas a consolidar un modelo de reinserción social sostenible, incluyente y con impacto medible en la reducción de la criminalidad.
