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Por Bruno Cortés
México vive sumido en una tragedia que supera cualquier cifra oficial: las desapariciones se han convertido en el rostro más doloroso de la violencia. En mayo de 2025, el país registró 1,398 personas desaparecidas, un récord histórico que deja al descubierto la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Mientras el gobierno federal presume una disminución del 25.8% en los homicidios dolosos, especialistas, activistas y familias de las víctimas alertan sobre una posible manipulación de datos: lo que antes se clasificaba como asesinato podría ahora encubrirse como desaparición para aliviar las estadísticas.
La tendencia es alarmante. Desde 2018, los casos de desaparición han crecido de forma constante. En 2023 hubo un incremento del 7.3%; en 2024, del 6.3%; y en 2025 el repunte alcanza ya el 12% respecto al año anterior. La cifra oficial de desaparecidos supera los 124,000, pero organizaciones como Red Lupa advierten que los casos acumulados podrían rebasar los 128,000.
Jalisco es el estado más afectado, con más de 15,600 desaparecidos y un doloroso patrón: la mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años. La Universidad de Guadalajara, símbolo del saber y la juventud, enfrenta su propia tragedia con al menos 29 estudiantes desaparecidos.
El drama no se limita a los números. Las madres, esposas y hermanas de los desaparecidos se han convertido en buscadoras, en rastreadoras de fosas clandestinas y sitios de exterminio, enfrentando peligros y abandono institucional. Son el último frente en una lucha que el Estado parece haber perdido.
La ONU ha encendido las alarmas. En abril de 2025, activó un procedimiento especial por presuntas desapariciones forzadas sistemáticas en México. El gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos, pero el eco de las voces que claman justicia no puede silenciarse.
La administración federal asegura que trabaja en depurar las cifras y mejorar los registros, y ha prometido un informe unificado en breve. Pero mientras tanto, los colectivos sociales exigen acciones concretas: políticas públicas eficaces, presupuesto, personal capacitado y compromiso real con la verdad y la justicia.
La sociedad está llamada a no mirar hacia otro lado: difundir las fichas de búsqueda, colaborar en las brigadas, denunciar anónimamente ubicaciones de víctimas y apoyar a quienes día tras día recorren campos y desiertos en busca de los que faltan. Porque detrás de cada cifra hay un rostro, una historia y una familia que espera.
