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En un giro que busca marcar una nueva era en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su gira por Sinaloa que ambos países han acordado reforzar operativos para evitar que armas crucen la frontera hacia territorio mexicano. Este tipo de cooperación, dijo, “nunca se había logrado de este tipo”.
El anuncio se dio en el marco de la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México-EUA, celebrada el 26 de septiembre en McAllen, Texas. Fue ahí donde se presentó la iniciativa denominada Misión Cortafuegos: Unidos contra el Tráfico de Armas, que contempla acciones conjuntas para “interrumpir el flujo ilícito de armas a través de la frontera” mediante inspecciones coordinadas, intercambio de información en tiempo real y uso de tecnología avanzada.
Uno de los elementos clave de este acuerdo es la extensión del uso de eTrace, sistema estadounidense que permite rastrear las armas desde su venta original hasta su recuperación en escenas delictivas. En México, con esta iniciativa, se planea que la herramienta y la tecnología de imágenes balísticas operen en los 32 estados del país.
Estados Unidos se comprometió también a intensificar inspecciones y controles internos para detener el paso de armas hacia el sur. Según estimaciones oficiales, alrededor de 200,000 armas ilegales al año cruzan desde suelo estadounidense hacia México.
El acuerdo, catalogado por medios como “sin precedentes”, marca un punto de inflexión en la cooperación bilateral. Anteriormente, la prioridad para ambas naciones había sido la lucha contra el tráfico de drogas y la migración irregular. Ahora, el flujo de armas se coloca como tema central de la agenda de seguridad.
Aunque los detalles operativos seguían afinándose al momento del anuncio, las autoridades mexicanas mencionaron que esta estrategia implicará un monitoreo más riguroso de cargamentos, mayor coordinación entre agencias de inteligencia, fortalecimiento de las capacidades forenses y soporte técnico en rastreo balístico.
Este movimiento también aparece en un contexto donde el 74 % de las armas utilizadas por cárteles mexicanos provienen ilegalmente de estados fronterizos de EE. UU., como Arizona, California, Nuevo México y Texas, lo que ha sido señalado por estudios e informes del Departamento de Justicia de ese país.
Queda por ver cómo se traducirá esa cooperación en acciones concretas en el terreno: cuántas inspecciones se realicen, cuántas armas interceptadas y cuántas redes criminales desarticuladas. Pero lo cierto es que México y Estados Unidos han puesto sobre la mesa un nuevo modelo de colaboración donde no solo se hablará de drogas, migración o combustibles ilícitos, sino de armas, balística y trazabilidad del armamento que alimenta la violencia en ambos lados de la frontera.
S C
