adminPor Bruno Cortés
El 27 de agosto de 2025 quedará registrado como un día en que el Senado perdió el rumbo. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, negó el uso de la palabra a la oposición en un debate sobre el narcotráfico y, acto seguido, convirtió el pleno en tribuna personal para anunciar una sesión extraordinaria que, lejos de atender la violencia que desangra al país, se enfocará en condenar las “agresiones” sufridas por él mismo, la diputada Dolores Padierna y Emiliano González, un trabajador que, paradójicamente, no tiene vínculo oficial con el Senado.
La escena, transmitida en vivo por el Canal del Congreso, no dejó lugar a dudas: Alejandro “Alito” Moreno exigía su derecho de réplica, pero Noroña bajó la cortina. La molestia del priista escaló al grado de subir a la tribuna, provocando un enfrentamiento físico que, entre manotazos y empellones, dejó claro que la política mexicana se debate más en los músculos que en los argumentos.
Horas después, en entrevista desde la Casona de Xicoténcatl, Noroña insistió en que lo ocurrido fue un ataque “orquestado” contra su persona. Relató que seis legisladores subieron al presídium, tres de ellos sin pertenecer a la Comisión Permanente, y aseguró que las imágenes confirman una emboscada. “Me copan, cierran el lado derecho, cierran el lado izquierdo… está clarísima la violencia”, declaró, antes de remarcar que él fue víctima junto con Padierna y González.
Lo que encendió aún más las críticas fue la inclusión de este último. Emiliano González no forma parte del personal oficial del Senado, pero su nombre aparece en la lista de víctimas a proteger por la sesión extraordinaria. Para la oposición, esta jugada es evidencia de un intento de inflar los hechos y victimizarse, mientras se ignoran los temas de fondo: el narcotráfico y la violencia real que enfrentan millones de mexicanos.
Alejandro Moreno no perdió la oportunidad de subrayarlo: “En lugar de debatir cómo enfrentar a los cárteles, Noroña organiza sesiones para hablar de sí mismo. No solo calla a la oposición, sino que usa la presidencia del Senado para acomodar sus dramas personales. Eso es traición al país y burla a la democracia”. Sus palabras encontraron eco en legisladores que ven en la convocatoria un precedente preocupante: el poder legislativo convertido en un ring faccioso y en un foro de autojustificación.
La denuncia ante la Fiscalía General de la República presentada por Noroña y González tampoco pasó desapercibida. El presidente del Senado sostuvo que se cometieron “delitos graves” en un recinto federal y sugirió que podría pedirse el desafuero de legisladores opositores. Sin embargo, la oposición acusa que este proceso es una cortina de humo, un mecanismo para desviar la atención de lo verdaderamente urgente: la ola de homicidios, secuestros y extorsiones que siguen aumentando en todo el país.
La paradoja es brutal. Mientras en las calles los ciudadanos viven bajo la sombra del crimen organizado, en el Senado se discute si un trabajador sin nombramiento oficial merece ser elevado a la categoría de víctima de Estado. En vez de medidas concretas contra el narcotráfico, lo que habrá este viernes será una resolución solemne para condenar la “violencia” contra Noroña y su círculo cercano.
Lo que ayer quedó claro es que la presidencia del Senado, más que fungir como garante del debate plural, se transformó en un escenario personalista donde se decide a quién se le da voz y a quién se le silencia. Y mientras la tribuna se usa para organizar sesiones extraordinarias en defensa de intereses particulares, la democracia mexicana queda arrinconada, muda, sin defensa frente al verdadero enemigo: la violencia del narcotráfico.
