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Este lunes 8 de septiembre de 2025, una noticia sacudió al puerto de Altamira: el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, encargado de la Unidad de Protección Portuaria de la Marina, se quitó la vida en sus oficinas, luego de verse envuelto en acusaciones de recibir sobornos relacionados con una red de huachicol fiscal.
En medio del entorno tenso que envuelve esta trama, los medios federales señalaron que el capitán Pérez Ramírez había sido identificado por recibir pagos para permitir el contrabando de combustible a través del puerto. Su nombre también surgió en investigaciones que detallan una operación más amplia, en la cual cada buque que llegaba supuestamente entregaba sobornos de al menos 100 mil pesos.
Este caso se enmarca en el contexto de una red mayor, investigada por aduanas, marítimos y empresarios, organizadores del huachicol fiscal en puertos clave como Altamira y Tampico. Las autoridades federales han realizado decomisos masivos: según Infobae, solo entre Ensenada y Altamira se aseguraron más de 18 millones de litros de hidrocarburo, parte de una operación ligada presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. A su vez, el diario El País reportó que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, junto con otros marinos y aduaneros, fue arrestado recientemente tras descubrirse un buque con diésel no declarado en Tamaulipas, que detonó cateos en predios donde se halló combustible, contenedores y vehículos vinculados al esquema.
Aunque las investigaciones continúan y se espera que haya más acciones oficiales, la noticia del suicidio del capitán Pérez Ramírez añade un capítulo sombrío y personal al entramado de corrupción y contrabando que ya tenía numerosas caras públicas, denuncias y víctimas.
S C
