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Más de mil cien periodistas en México han estampado su firma en una petición publicada en Change.org https://chng.it/K4rQqWRzSF que busca frenar lo que consideran una peligrosa tendencia: el uso arbitrario de figuras legales para silenciar a quienes ejercen la crítica. La denuncia central es clara: herramientas jurídicas creadas para proteger derechos, como la tipificación de la “violencia política en razón de género”, están siendo manipuladas para castigar voces incómodas, convirtiendo la ley en un bozal disfrazado de justicia.
La carta, que será entregada directamente en Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación, pone el dedo en la llaga de un sistema que, paradójicamente, utiliza las normas diseñadas para salvaguardar derechos como armas contra la propia libertad de expresión. Si antes bastaba con la censura velada o el descrédito público, hoy el expediente legal se ha vuelto la receta favorita para intimidar y sancionar a periodistas.
Los firmantes no piden favores ni concesiones: exigen el cese inmediato de esta práctica, la revisión de los casos en los que colegas han sido sancionados sin respeto al debido proceso y, sobre todo, la garantía irrestricta de poder investigar, opinar e informar sin miedo a la guillotina jurídica. La ironía no se escapa: el derecho, que debería ser escudo, se ha transformado en una espada manejada con sesgo político.
Con humor negro podría decirse que el periodismo en México ya no enfrenta al clásico censor de bigote y sombrero ancho, sino a abogados con sellos oficiales y tribunales con una creatividad digna de cualquier taller literario. La diferencia es que aquí no se inventan cuentos, sino sanciones.
Más allá de la denuncia nacional, la acción busca resonar en el escenario internacional. La carta, acompañada de las firmas verificadas, será enviada a organismos como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH y la Representación de la Unión Europea. El mensaje es contundente: si en casa no escuchan, habrá que gritar en foros globales.
El valor de esta acción colectiva radica en su transparencia y en la amplitud de respaldo. No se trata de un puñado de inconformes, sino de una comunidad periodística que, aun con diferencias editoriales y enfoques políticos, coincide en algo básico: sin libertad de expresión no hay democracia, solo simulacro.
Cabe subrayar que este movimiento no niega la importancia de combatir la violencia política de género ni de proteger a las mujeres en espacios públicos. Por el contrario, lo que se cuestiona es el uso distorsionado de esta figura legal para castigar opiniones críticas y desvirtuar causas legítimas. En ese abuso, los derechos de todos terminan degradados.
El periodismo libre no es un capricho gremial, es un derecho de la sociedad para conocer la verdad. Por eso, la petición no solo defiende a periodistas, sino también a cada ciudadano que merece información sin filtros impuestos desde un escritorio de gobierno o un tribunal complaciente. En tiempos en que la democracia parece más un decorado que una práctica, la defensa de la palabra se convierte en el último bastión de resistencia.
