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México vivió este domingo una jornada inédita: por primera vez, los ciudadanos votaron para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Sin embargo, la respuesta en las urnas fue muy baja.
Según estimaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), entre el 12.57% y el 13.32% del padrón electoral participó en esta elección. A pesar de estas cifras, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, calificó el ejercicio como un avance democrático sin precedentes.
“Miles de funcionarios trabajan para dar certeza y máxima publicidad a los votos recibidos”, aseguró Taddei en un mensaje en cadena nacional.
¿Qué significan estos números?
La participación reportada es una de las más bajas en procesos organizados por el INE. El cálculo fue realizado por matemáticos y especialistas en estadística a partir de una muestra representativa de mil 664 casillas distribuidas en todo el país.
Aunque el conteo oficial comenzó la misma noche de la elección, los resultados finales se conocerán entre el 3 y el 10 de junio, dependiendo del cargo a elegir. La declaratoria oficial de validez se dará el 15 de junio.
¿Qué se eligió?
La elección forma parte de la reforma judicial impulsada por el oficialismo, que busca transformar por completo al Poder Judicial con una mayor participación ciudadana. Los cargos que están en juego incluyen:
- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- Cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
- Dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- 15 magistraturas de Salas Regionales
- Magistraturas de circuito y jueces de distrito
Reforma polémica: ¿avance o retroceso?
Esta reforma fue presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024. La propuesta busca que miles de jueces y magistrados sean electos por voto popular, recortando además sus mandatos y eliminando requisitos como la edad mínima o experiencia profesional.
El argumento del gobierno es que muchos jueces responden a intereses de quienes los nominan, y que el cambio ayudaría a combatir la impunidad. Sin embargo, los críticos advierten riesgos muy serios, como:
- Pérdida de independencia judicial
- Posible cooptación por partidos o grupos del crimen organizado
- Mayor exposición a presiones políticas
- Golpe a los contrapesos democráticos
Reacciones internacionales y preocupación empresarial
La reforma encendió alarmas fuera del país. Gobiernos como el de Estados Unidos manifestaron su inquietud por la posible debilitación del sistema judicial mexicano. A su vez, los mercados financieros reaccionaron negativamente, temiendo que la reforma afecte el estado de derecho y el clima para la inversión.
En México, la propuesta desató una huelga nacional de trabajadores del Poder Judicial y protestas de académicos, juristas y ciudadanos preocupados por la integridad del sistema.
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