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Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la elección del Poder Judicial se mantendrá en 2027 y podría coincidir con el ejercicio de Revocación de Mandato, como parte de los ajustes incluidos en su propuesta de Plan B de reforma electoral.
La decisión tiene un objetivo claro: concentrar procesos en una misma jornada para reducir costos y simplificar la organización electoral. En términos prácticos, el gobierno busca aprovechar la elección de 2027 para avanzar de una vez en la transformación del sistema judicial mediante el voto popular.
Sheinbaum explicó que la revocación podrá realizarse en 2027 o 2028, dependiendo de cuándo se solicite conforme a lo establecido en la Constitución. Este margen abre la puerta a que ambos ejercicios —elección judicial y revocación— coincidan en el mismo año, lo que implicaría una jornada electoral de gran magnitud.
Además del calendario, la propuesta incluye ajustes al diseño de la elección judicial. Entre ellos, reducir el número de candidatos en las boletas y fortalecer los filtros de selección a cargo de comisiones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el fin de mejorar la revisión de perfiles.
Desde la óptica del gobierno, estos cambios buscan hacer más eficiente el proceso y evitar boletas saturadas que compliquen la participación ciudadana. Sin embargo, también plantean preguntas sobre el equilibrio entre simplificación y pluralidad en la contienda.
La presidenta reiteró que uno de los ejes centrales de su iniciativa es disminuir el gasto electoral. Insistió en que no se deben destinar tantos recursos ni a los procesos ni a los partidos políticos, y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la reducción de legisladores plurinominales, aunque reconoció que no se logró avanzar en ese punto a nivel constitucional.
Con la ruta planteada, el gobierno proyecta que para 2027 se complete la transición hacia un Poder Judicial electo por voto popular, marcando un cambio estructural en el modelo institucional del país.
El fondo del debate no es menor: combinar procesos electorales puede generar ahorros, pero también implica retos operativos y políticos, especialmente en términos de participación, claridad del voto y legitimidad de los resultados.
