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En un nuevo giro que agita el debate sobre migración y poder presidencial en Estados Unidos, el presidente Donald Trump celebró este viernes un fallo clave del Tribunal Supremo que limita el alcance de los jueces federales para bloquear decisiones del poder ejecutivo. Desde la Casa Blanca, Trump aseguró que se trata de una «victoria monumental» para su gobierno y aprovechó la ocasión para anunciar que continuará su lucha para eliminar la ciudadanía por nacimiento, un derecho garantizado por la Decimocuarta Enmienda desde 1868.
El fallo del Supremo, aprobado por una mayoría conservadora de 6 votos contra 3, no avaló directamente el decreto presidencial que restringe el otorgamiento automático de nacionalidad a hijos de inmigrantes indocumentados, pero sí debilitó las herramientas legales con las que los tribunales podían frenar su aplicación a nivel nacional.
¿Qué cambia con el fallo?
Hasta ahora, los jueces federales podían emitir resoluciones con efectos generales para todo el país. Con este fallo, sus decisiones solo aplicarán a los demandantes directos del caso, lo que podría obstaculizar la rapidez y alcance de futuras demandas contra políticas ejecutivas.
Además, el Supremo dio 30 días para la entrada parcial del decreto de Trump que elimina la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes, incluso si estos tienen visas legales de trabajo, estudio o turismo. Esto anticipa una ola de litigios colectivos que podrían volver a frenar la implementación definitiva de la medida.
Un ataque a la Decimocuarta Enmienda
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., adoptada tras la Guerra Civil para garantizar la nacionalidad a los hijos de esclavos liberados. Esta enmienda ha sido el pilar legal durante más de 150 años para conceder la nacionalidad a cualquier persona nacida en suelo estadounidense.
En su red social Truth Social, Trump calificó esa ciudadanía como un «fraude» y aseguró que fue creada únicamente para los bebés de esclavos, no para los hijos de inmigrantes, en lo que muchos expertos han calificado como una lectura histórica sesgada y peligrosa.
Amy Coney Barrett, pieza clave
Trump también agradeció a la jueza Amy Coney Barrett, una de sus nominadas al Supremo durante su primer mandato, por redactar la opinión mayoritaria que respalda la limitación del poder judicial. La decisión fue celebrada efusivamente por la fiscal general Pam Bondi, quien aseguró que los jueces liberales han bloqueado 35 decisiones ejecutivas de Trump en solo cinco distritos mayoritariamente demócratas.
Escalada retórica y señales de autoritarismo
Durante su intervención, Trump volvió a cargar contra el poder judicial, acusando a los «jueces izquierdistas radicales» de conspirar para frenar la voluntad del pueblo. “Es un abuso colosal del poder. Quieren quitarle al presidente la capacidad de cumplir con lo que el pueblo votó en cantidades récord”, afirmó, sin aportar evidencia clara de fraude electoral o apoyo masivo.
El presidente sigue elevando el tono de sus discursos, apostando por una narrativa de confrontación institucional que pone en duda la estabilidad de los contrapesos democráticos en EE.UU.
