La Jabalinada / Bruno Cortés
El poder en México tiene una vieja costumbre: cuando le exigen limpia, saca la escoba y barre hacia el patio de al lado. Este jueves El Universal armó el inventario: en casi ocho años de la llamada Cuarta Transformación van al menos 15 escándalos de corrupción; hay una sola renuncia de alto perfil —la de Guadalupe Taddei en el INE— y ningún «machuchón» sentado en una celda con sentencia firme. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ya había contado 51 casos solo en el primer año de Claudia Sheinbaum. No es una lista de chismes. Es el mapa de una promesa que se quedó en discurso.
Empecemos por el que atraviesa dos sexenios: el huachicol fiscal. No es el taladro al ducto ni la pipa robada. Es el contrabando de combustibles importados que entran al país declarados como otra mercancía para evadir impuestos. La entonces Procuraduría Fiscal de la Federación estimó, en octubre de 2025, un daño al erario superior a 600 mil millones de pesos. La pieza que encendió los reflectores fue el Challenge Procyon, buquetanque con bandera de Singapur que zarpó de Texas el 16 de marzo de 2025 rumbo a Tamaulipas: en papeles llevaba aditivos para aceites; en la bodega, cerca de 21 millones de litros de diésel.
De ahí salieron 14 detenciones iniciales —empresarios, marinos en activo, un marino en retiro y exfuncionarios de aduanas— y el nombre de dos altos mandos de la Secretaría de Marina: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda Durán. Ambos están en el Altiplano, vinculados a proceso por delincuencia organizada ligada al contrabando de combustibles. En audiencias aparecieron mencionados Andrés Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López Hernández. Sheinbaum dijo que, hasta donde le informó la FGR, no hay investigación abierta contra ninguno de los dos. No hay sentencia. Hay proceso. Y hay un hueco político del tamaño de un buque.
Segundo escándalo, más cerca de la carne: Hernán Bermúdez Requena, el Comandante H. Fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco entre el 11 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2024, nombr por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. El 12 de septiembre de 2025 lo detuvieron en Paraguay, en una operación conjunta anunciada por Omar García Harfuch. Enfrenta acusaciones de asociación delictuosa, extorsión, secuestro y, ya en etapa formal, desaparición forzada; la Fiscalía de Tabasco ha pedido hasta 154 años de prisión acumulados. El Universal reporta 37 denuncias penales contra Adán Augusto por ese expediente, archivadas bajo el argumento de que no hay evidencias que lo incriminen. El fiscal estatal ha dicho que, por ahora, la carpeta no alcanza a más personas. Bermúdez niega todo y habla de persecución política. El ciudadano, mientras tanto, ve al operador en el Altiplano y al padrino político en el Senado.
Tercero: el patrón. Segalmex —hoy Alimentación para el Bienestar— reapareció con contratos millonarios y empresas creadas exprofeso; Birmex sumó al menos 13 investigaciones y seis separaciones sin culpable declarado; el Tren Maya acumula denuncias ASF por sobreprecios y pagos anticipados congeladas en «integración técnica»; Dos Bocas pasó de una estimación de 8 mil millones de dólares a más de 20 mil, con 35 denuncias sin judicializar. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por supuestos vínculos con Los Chapitos; el gobierno mexicano alega falta de pruebas. Cada caso tiene matices. Todos comparten el mismo final: ruido, carpetas y nadie grande en la cárcel.
Hay que reconocer lo que sí ocurre. Sheinbaum ha separado funcionarios, ha pedido a la FGR que informe y ha sostenido, al menos en el discurso, una línea de «cero tolerancia». El propio combate al huachicol fiscal —con aseguramientos en Altamira, Coahuila y otras aduanas— es una decisión de su gabinete, no un invento de la oposición. Pero separar a un mando medio no es lo mismo que sentar a quien diseñó el esquema. Y pedir un informe no es lo mismo que abrir una carpeta.
La oposición, por su parte, hace ruido como lámina en aguacero: escandalosa, pero no necesariamente útil. Denuncia, acumula carpetas y luego se queda sin puntería cuando llega la hora de sostener pruebas ante un juez. El periodismo y la sociedad civil documentan; el sistema procesa a media velocidad. Y el ciudadano aprende una lección peligrosa: que en México la corrupción de alto nivel no se castiga, se administra.
Traducción jabalí: la 4T prometió barrer la casa de arriba para abajo. Lleva casi ocho años sacudiendo el tapete. El polvo no se fue. Solo cambió de esquina.
P.D. El anuario que no cabe en la mañanera. MCCI contabilizó 51 casos relevantes entre octubre de 2024 y octubre de 2025: 47% del sexenio de López Obrador, 10% de Peña Nieto, 41% ya de Sheinbaum, más el huachicol fiscal como hilo continuo. Cuando el inventario cabe en un anuario y no en una sentencia, el problema ya no es de comunicación. Es de voluntad.
