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Por Bruno Cortés
El Gobierno de México ha destacado que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas dejaron atrás la pobreza, según la medición multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). La cifra, avalada por datos del INEGI, muestra un avance importante en términos estadísticos. Sin embargo, el modo en que se construye este resultado abre un debate de fondo: ¿realmente esos hogares salieron de la pobreza o simplemente superaron un umbral gracias a la suma de programas sociales?
La metodología oficial considera todo ingreso corriente en los hogares, ya provenga de salarios, remesas, rentas o transferencias del gobierno. Esto significa que si en una misma vivienda conviven un adulto mayor con pensión, una madre soltera con apoyo, un joven en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y un beneficiario de Sembrando Vida, la suma de estas transferencias puede llevar al hogar a superar la “línea de bienestar” que define si es pobre o no.
El resultado es que, en papel, esa familia deja de ser pobre. Pero en la práctica, su ingreso depende casi por completo de subsidios públicos, sin garantía de empleo estable, ahorro o movilidad social. Esta diferencia es crucial: las estadísticas oficiales contabilizan menos pobres, pero no distinguen entre hogares con ingresos propios sostenibles y hogares sostenidos por apoyos temporales.
De ahí que especialistas insistan en calcular escenarios contrafactuales: ¿qué pasaría con la pobreza si se eliminaran las transferencias gubernamentales del ingreso de los hogares? Ejercicios de microsimulación con la ENIGH muestran que una parte significativa de la reducción de la pobreza se explica por estos apoyos, y no por mejoras estructurales en el mercado laboral.
La expansión de la red de programas sociales es innegable. La Pensión para Adultos Mayores supera los 12 millones de beneficiarios; a ello se suman becas educativas, apoyos a madres trabajadoras y subsidios productivos. Pero el hecho de que los padrones sumen millones de personas no se traduce automáticamente en bienestar sostenible.
El contraste internacional lo deja claro. El Índice de Pobreza Multidimensional (MPI) de Naciones Unidas muestra una baja incidencia de carencias severas en México, mientras que el Banco Mundial calcula que 21.8% de la población vive con menos de 6.85 dólares diarios. Esto sugiere que muchos hogares han mejorado sus condiciones básicas, pero sus ingresos siguen siendo vulnerables frente a cambios económicos o fiscales.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) coloca a México rezagado en indicadores de seguridad, empleo de calidad y vivienda, lo que confirma que los avances en pobreza no se traducen automáticamente en mejoras de vida equivalentes a las de otros países miembros.
El riesgo de fondo es que el descenso en la pobreza se presente como un triunfo absoluto, cuando en realidad depende de un andamiaje de programas sociales. Si estos se redujeran o modificaran, buena parte de los hogares que hoy son “no pobres” podrían volver a caer en la pobreza.
La discusión no es si los programas deben existir, sino si el país puede sostenerlos indefinidamente sin transformar el mercado laboral, la seguridad social y la calidad de los servicios públicos. En ausencia de cambios estructurales, la estadística puede seguir mejorando, pero el bienestar de las familias seguirá siendo frágil.
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