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En las últimas horas se desató una polémica jurídica-política que tiene en medio a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y su hermano Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tres amparos fueron admitidos en México a su nombre, pero ellos aseguran que nunca los solicitaron.
Los recursos legales aparecieron en Zacatecas, Tabasco y la Ciudad de México, vinculados con el expediente 2098/2025 —trascendió que buscan protección “contra cualquier orden de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada” para Andy, Gonzalo y otras 14 personas. Según los documentos, estos amparos fueron promovidos por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald (en Zacatecas y CDMX) y Eribel Mejía Barrios (en Tabasco).
Lo curioso (y lo que prende los focos amarillos): ni Andy ni Gonzalo firmaron los amparos, ni afirman haberlos gestionado. En su comunicado, Andy López Beltrán negó categóricamente que él o su hermano tramitaran algo similar, y acusa que podría tratarse de una campaña de desprestigio.
La administración de Claudia Sheinbaum también salió al paso, señalando que se trata de acusaciones falsas y que los amparos parecen parte de una estrategia política para generar sospechas contra los hijos del expresidente y Morena.
En cuanto al marco legal, la Ley de Amparo, reformada recientemente, permite que amparos se presenten incluso sin firma del interesado en ciertos casos graves: cuando hay riesgo de privación de la vida, incomunicación, desaparición forzada u otros actos que atentan contra la libertad fuera de procedimiento. Específicamente, el artículo 15 de la Ley de Amparo contempla que en esos casos puede actuar cualquier persona para presentar la demanda en nombre de quien se vio afectado, aunque la persona agraviada no lo haya autorizado o firmado.
Una jueza federal dictó que los López Beltrán tienen un plazo de tres días para ratificar o rechazar el amparo promovido en Zacatecas; de no hacerlo, dicho recurso podría quedar sin efecto.
Algunas de las personas incluidas en esos amparos también están señaladas en medios como vinculadas con redes de huachicol fiscal, incluidos alias conocidos como “El Señor de los Buques” y varias figuras que han sido mencionadas en las investigaciones sobre contrabando de combustible.
Este episodio intensifica el debate sobre el uso del amparo en situaciones sensibles, donde la línea entre protección de derechos y maniobra política puede tornarse muy borrosa. La pregunta que está en el aire es: ¿quién se beneficia más de estos amparos fantasmas? ¿Y qué impacto tendrán en la imagen de Morena y de los López Beltrán?
S C
