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Donald Trump arrancó su nueva administración con una promesa clara: restaurar la libertad de expresión en Estados Unidos. Lo dijo con todas sus letras en una orden ejecutiva firmada en enero: “Acabaremos con la censura federal y protegeremos la Primera Enmienda”. Pero lo que ha pasado desde entonces ha dejado a muchos con la ceja levantada.
En nombre de esa supuesta “libertad”, su gobierno ha puesto en marcha medidas que castigan, vigilan y hasta expulsan a estudiantes y activistas extranjeros por expresar apoyo al pueblo palestino o criticar la política de EE.UU. en Medio Oriente. Todo esto mientras se usa inteligencia artificial para revisar redes sociales, se cancelan visados, y se endurecen las reglas en universidades.
Estudiantes bajo la lupa
Uno de los primeros casos que encendió las alarmas fue el de Melike Ozturk, una estudiante turca en Boston que fue detenida y deportada tras publicar mensajes en apoyo a Palestina. Su visa estaba en regla, pero eso no impidió que las autoridades actuaran. ¿La razón? Sus publicaciones fueron interpretadas como simpatía con Hamás.
Semanas después, Mahmoud Khalil, egresado de la Universidad de Columbia y residente legal en EE.UU., fue arrestado por razones similares. Él negó cualquier vínculo con grupos extremistas y está peleando su caso legalmente.
Ambos forman parte de una estrategia llamada “Catch and Revoke”, impulsada por el Departamento de Estado, Justicia y Seguridad Nacional. Esta política utiliza herramientas de inteligencia artificial para monitorear redes sociales de estudiantes extranjeros y detectar posturas “sospechosas” sobre el conflicto israelí-palestino.
Más que vigilancia: castigos, represalias y censura
Lo preocupante es que esto no se limita a los campus universitarios. Profesores invitados, activistas y hasta trabajadores del sector salud han reportado cancelaciones de entrevistas, retrasos migratorios y negaciones de residencia por publicaciones en redes donde critican la política exterior de EE.UU.
Incluso hay reportes de uso de reconocimiento facial para identificar personas en protestas pro-palestinas. En Nueva York, una mujer fue grabada durante una manifestación y días después su rostro, nombre y lugar de trabajo ya estaban circulando por redes gracias a una startup que colabora con el gobierno. Sin orden judicial. Sin explicaciones.
En universidades como NYU, Columbia y Berkeley, los grupos estudiantiles pro-palestina han sido presionados para cancelar eventos. Algunos fueron suspendidos por razones “administrativas” que muchos califican como represalias por su postura política.
¿Libertad de expresión solo para algunos?
Organizaciones como FIRE, ACLU y Human Rights Watch han levantado la voz: “Estas medidas representan una clara amenaza a la libertad de expresión y una erosión de derechos constitucionales, especialmente para extranjeros”. Además, han cuestionado la fiabilidad de la IA para analizar discursos complejos como el conflicto en Gaza.
Mientras Trump asegura que su administración “no limitará la libertad de expresión de ningún ciudadano”, los hechos muestran que el castigo sí existe… al menos para quienes piensan distinto.
