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CDMX a 22 de octubre, 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, por unanimidad de votos, cerrar el caso de una mujer que pasó más de 16 años bajo prisión preventiva automática y falleció esperando un amparo que le permitiera recuperar su libertad. Con esta decisión, el Máximo Tribunal del país evitó analizar la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y los estándares que deben seguir las personas juzgadoras al aplicarla.
El caso de la llamada “Persona A” comenzó el 26 de septiembre de 2007, cuando fue detenida por los delitos de privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada. El Juzgado Cuarto de Distrito en Naucalpan le impuso prisión preventiva oficiosa, una medida que se aplica automáticamente en ciertos delitos graves.
Durante años, la mujer luchó por modificar la medida cautelar, alegando que padecía cáncer de colón y de pulmón en etapa avanzada. En abril de 2024, tras un fallo favorable de un tribunal colegiado, se ordenó que su prisión preventiva se cumpliera en su domicilio por su estado de salud, pero lamentablemente falleció el 25 de junio de 2025 antes de que la SCJN pudiera resolver sobre la constitucionalidad de la prisión automática.
Además de este caso, la Corte también rechazó analizar otro amparo que buscaba establecer estándares claros para suspender la prisión preventiva oficiosa en delitos de alto impacto social. Esta figura legal ha sido señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como violatoria de derechos humanos y se ha pedido su eliminación del marco jurídico mexicano.
Expertos señalan que la resolución de la SCJN evidencia la falta de debate sobre medidas que podrían proteger derechos fundamentales y evitar situaciones extremas como la de esta mujer. A pesar de los reclamos internacionales, la prisión preventiva automática sigue vigente en México, afectando a personas que podrían estar en riesgo por su salud o por la falta de revisión oportuna de su caso.
