El diputado federal y coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, afirmó que el gobierno mexicano enfrenta una crisis de liquidez y quiebre financiero derivado del agotamiento de los fondos de estabilización, fideicomisos públicos y ahorros fiscales acumulados en administraciones anteriores. Según el legislador, este panorama se agrava ante la asimetría presupuestaria respecto a Estados Unidos, país que formalizó una inversión de 138 mil millones de dólares mediante un acta de seguridad fronteriza orientada al combate tecnológico del narcotráfico.
La contracción de los ingresos públicos en México se refleja directamente en los indicadores macroeconómicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Moreira detalló que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) registró una baja significativa, mientras que los ingresos obtenidos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvieron estancados durante el último ejercicio fiscal, comprometiendo la operación de los programas federales.
Ante el déficit en los impuestos directos, la administración federal ha recurrido al incremento de la recaudación mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El legislador señaló que el aumento en la carga fiscal aplicada a productos de consumo masivo como refrescos, bebidas alcohólicas y combustibles opera actualmente como un mecanismo puramente recaudatorio y de emergencia para sostener el presupuesto, perdiendo su naturaleza original de regulador sanitario.
En el sector de la salud pública, la insuficiencia presupuestaria se calcula en un déficit equivalente al doble del capital asignado actualmente para garantizar la cobertura universal y el abasto de medicamentos. El análisis técnico presentado por el bloque opositor estima que se requeriría multiplicar por diez las partidas vigentes para satisfacer la demanda de infraestructura hospitalaria, equipamiento y personal médico que exige la población en las entidades federativas.
La parálisis presupuestaria afecta de igual forma la agenda legislativa de carácter social en la Cámara de Diputados. Moreira denunció que la minuta correspondiente a la reforma del artículo 123 constitucional, enfocada en la creación de salarios mínimos profesionales para sectores vulnerables, permanece retenida por la Mesa Directiva a pesar de contar con la aprobación del Senado, la Cámara de Origen y la mayoría de los congresos locales.
Dicha modificación constitucional establece una reclasificación salarial obligatoria para policías municipales, personal de enfermería, médicos, maestros y elementos de las Fuerzas Armadas. La implementación de la ley implicaría un incremento de sueldo base para un policía municipal de un promedio actual de 8 mil pesos mensuales a una tasa fija de 18 mil pesos, una medida que requiere suficiencia presupuestal no disponible en el erario.
Finalmente, el legislador vinculó la debilidad hacendaria con la falta de coordinación en los estados gobernados por Morena para contener el gasto operativo y combatir al crimen organizado. La ausencia de recursos locales para el fortalecimiento de las corporaciones policiales civiles incrementa la dependencia de las fuerzas federales, cuyo presupuesto también se encuentra comprometido por el pago de deudas y compromisos de la administración pasada.
