Por Bruno Cortés
La diputada federal Martha Aracely Cruz denunció ante la Cámara de Diputados la asignación presuntamente irregular de comisionados municipales en el estado de Oaxaca, mecanismo que, afirmó, es utilizado como una vía de evasión de fiscalización presupuestal para el desvío de recursos públicos. La legisladora señaló que esta figura administrativa se ha instalado en ayuntamientos donde no se consolidaron autoridades electas, afectando la gestión directa de las arcas municipales en la entidad.
De acuerdo con las estimaciones presentadas, la intervención de estos comisionados afecta de manera directa la administración de fondos destinados a la infraestructura básica y servicios públicos primarios. La omisión de cabildos electos elimina la presencia de regidores y síndicos que actuarían como auditores de primera instancia, centralizando el control financiero en un solo individuo nombrado por el Ejecutivo estatal.
En el esquema vigente en Oaxaca, cuando una elección se anula o surgen conflictos electorales que impiden la toma de protesta de un ayuntamiento, la ley contempla la designación provisional de un comisionado. Sin embargo, la diputada Cruz sostuvo que esta medida temporal se ha prolongado indefinidamente en diversos municipios, permitiendo el manejo discrecional de transferencias federales y estatales sin la fiscalización ordinaria.
El impacto económico de estas asignaciones se refleja en la postergación de licitaciones públicas y en la opacidad de los contratos de obra comunitaria. La falta de un órgano colegiado en las alcaldías imposibilita la verificación presencial del gasto corriente y de los fondos del Ramo 33, destinados al combate a la pobreza y desarrollo social de los habitantes.
Las auditorías locales y los informes de auditoría pública registran retrasos significativos en la entrega de las cuentas públicas en las demarcaciones administradas bajo este formato provisional. Según lo expuesto por la legisladora, esta falta de entrega documental dificulta el rastreo puntual del destino final de los presupuestos asignados por el Congreso de la Unión a dichas zonas.
La denuncia formal ante el pleno legislativo busca que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) extienda sus facultades de revisión sobre los periodos en los que los comisionados han permanecido al frente de las finanzas locales. La solicitud incluye la verificación detallada de facturaciones, proveedores contratados y transferencias bancarias ejecutadas durante los ejercicios fiscales correspondientes.
Como antecedente, la legislación oaxaqueña ha sido objeto de constantes debates en torno a la gobernabilidad municipal y los usos y costumbres. La persistencia de vacíos de poder formal ha provocado que la figura del comisionado municipal pase de ser una solución de emergencia institucional a una constante administrativa que opera al margen de los controles democráticos locales.
