Por Juan Pablo Ojeda
Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca reformar la Ley General de Educación para regular la presencia y el uso de teléfonos inteligentes e internet en planteles de educación preescolar, primaria y secundaria de todo el país. La propuesta legislativa, impulsada desde el Congreso de la Unión, plantea que las autoridades educativas federales y estatales establezcan lineamientos claros para controlar la utilización de dispositivos móviles durante el horario de clases.
El proyecto de ley responde a indicadores de rendimiento escolar y salud mental que muestran un incremento en la distracción de los estudiantes dentro de las aulas. Según datos citados en la exposición de motivos de la iniciativa, cerca del 70% de los alumnos de secundaria en México cuentan con acceso a un teléfono inteligente, lo que ha generado una disminución cuantificable en el tiempo efectivo de atención dedicada a las asignaturas básicas de matemáticas y lectura.
Desde la perspectiva de las políticas públicas educativas, la medida no prohíbe de forma tajante el ingreso de los aparatos a las escuelas, sino que condiciona su uso exclusivamente a fines pedagógicos coordinados por los docentes. La propuesta delinea que cada centro escolar deba contar con un protocolo interno donde se definan los momentos y espacios permitidos para la tecnología, trasladando la responsabilidad operativa a las direcciones de los planteles.
El costo de implementación de esta regulación no requerirá una ampliación de la partida presupuestal destinada al sector educativo, según la evaluación financiera inicial presentada junto con el dictamen. Las autoridades prevén utilizar los canales de difusión institucionales existentes para capacitar al personal docente y distribuir las guías metodológicas a los comités de padres de familia sin generar presiones sobre el gasto público.
Para medir la efectividad de la norma, la iniciativa contempla la aplicación de evaluaciones semestrales en las escuelas piloto donde se comience a aplicar el reglamento. Estas mediciones permitirán comparar los promedios de calificación y los niveles de convivencia escolar entre los planteles con regulación estricta de telefonía y aquellos que mantengan esquemas de uso libre dentro del recinto escolar.
El trámite legislativo de la propuesta se encuentra actualmente en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual dictaminación. En caso de ser aprobada por el pleno de la cámara alta y la cámara baja, la reforma otorgará un plazo de 180 días a la Secretaría de Educación Pública para publicar las reglas de operación correspondientes en el Diario Oficial de la Federación.
De concretarse la modificación a la ley, México se sumaría a una tendencia normativa en materia de infraestructura escolar que busca mitigar los efectos del acceso no supervisado a pantallas en etapas tempranas del desarrollo. Los legisladores esperan someter el dictamen a votación antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.
