Sheinbaum firmó la reforma a la LGEEPA de 1988. Bárcena exige evaluación regional antes de romper. El articulado dirá si es escudo.
La Ley General del Equilibrio Ecológico nació en 1988 y no se actualizó de fondo desde los noventa. No contemplaba cambio climático como eje, ni restauración ecológica como programa, ni la trampa favorita de la obra grande: partir el proyecto en rebanadas para no medir el impacto de la región. Alicia Bárcena lo dijo en la mañanera: se acaba el “uno por uno” cuando lo que cambia es una zona entera.
La iniciativa suma diez principios, justicia ecológica, compensación a comunidades que cuidan Áreas Naturales Protegidas y un régimen de responsabilidad más estricto, al menos en el discurso. También se ata a la ley de bienestar animal que Semarnat trabaja por instrucción presidencial.
Lo más operativo es la evaluación estratégica previa para megaproyectos inmobiliarios, de infraestructura e industria. Prohibir la fragmentación. Medir agua, biodiversidad y clima en conjunto. Bárcena insiste en que la norma quiere ser “propositiva” antes que punitiva. Esa palabra puede ser inteligencia. También puede ser que la excavadora llegue con estudio bajo el brazo y la comunidad llegue tarde.
El texto está, o estuvo, en consulta en la Plataforma de Gobernanza Regulatoria. El periodo ordinario arranca el 1 de septiembre. Ahí se pelea de verdad: quién evalúa, si el dictamen es vinculante, qué pasa con obras en curso, cómo entran pueblos y municipios.
México no discute ecología en abstracto. Discute tren, litoral, selva y el cerro que amanece con cicatriz. El patrón de la última década ha sido consulta exprés e impacto que se conoce cuando el concreto ya cuajó.
Es la diferencia entre pedir permiso para tirar un muro de carga y avisar cuando el escombro ya está en la banqueta. El vecino siempre prefiere la primera. El territorio también.
Esta redacción no aplaude el envío. Pide el articulado. Sin él hay intención. No hay escudo. El anuncio cabe en un minuto. La deforestación, no.
