Por Bruno Cortés
La senadora por Morelos Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, puso sobre la mesa un caso de su propio estado para justificar una reforma constitucional: el de Jesús «N», expresidente municipal de Cuautla. Con ese ejemplo, la legisladora presentó una iniciativa para prohibir que puedan elegirse de nuevo como alcaldes o presidentes municipales quienes, durante su periodo, no hubiesen solventado las observaciones derivadas de las auditorías. La información fue difundida este domingo 25 de octubre por el grupo parlamentario del PVEM en el Senado de la República, en el boletín 708-2026.
La reforma propuesta modificaría el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de combatir la corrupción y la impunidad, particularmente en los gobiernos municipales.
Lo que expuso la senadora sobre Cuautla
De acuerdo con Guerra Mena, Jesús «N» está hoy vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas. La senadora añadió que el exalcalde no solventó la cuenta pública de 2020 ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), donde, según su exposición, se encontraron diversas irregularidades de la gestión, entre ellas el faltante de 10 millones de pesos en la anterior administración.
Aun con esto, afirmó la legisladora, se inscribió para volver a pretender administrar el municipio de Cuautla. Es importante precisar que la vinculación a proceso es una etapa del procedimiento penal y no una sentencia; la persona señalada conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras un juez no resuelva en definitiva. La senadora utiliza el caso para ilustrar un vacío legal, no para adelantar un juicio.
Por qué el ejemplo es útil para su argumento
El caso reúne los dos elementos que la iniciativa busca atender. Por un lado, una cuenta pública que, según la senadora, quedó sin solventar. Por otro, la intención de volver al mismo cargo. Hoy, de acuerdo con su planteamiento, no hay en la Constitución un impedimento expreso para que eso ocurra.
Guerra Mena explicó que los gobiernos locales enfrentan un grave problema estructural: las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos. Por eso, cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en el último tramo de su gestión o ya fuera del cargo. Agregó que, en algunos casos, no solamente no rinden cuentas, sino que también están vinculados con la delincuencia organizada.
Morelos, en el foco
La propuesta llega en un momento en que Morelos ha estado presente en la agenda nacional por temas de seguridad, como el reciente acuerdo de Morelos con Gobernación para reforzar la seguridad. La senadora, que representa a esa entidad, vincula la rendición de cuentas municipal con la posibilidad de que los ayuntamientos funcionen mejor.
Según la legisladora, situaciones como la que describió provocan que las observaciones se hereden a las administraciones siguientes y no permiten solventar servicios públicos como el agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública y la recolección de residuos.
El candado que se propone
La Constitución permite desde 2014 la reelección consecutiva de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre que el mandato no exceda de tres años. La iniciativa de Guerra Mena agregaría una condición: no podría volver a ser electo quien no haya solventado las observaciones de auditoría de su periodo.
La medida se suma a otras herramientas de fiscalización que se han discutido en el país, como el convenio entre la UIF y la ASF para cruzar datos en el ámbito federal. En el caso de los municipios, el papel de los órganos estatales de fiscalización, como la ESAF en Morelos, sería central para determinar qué observaciones siguen pendientes.
Lo que viene
La senadora por Morelos afirmó que la aprobación de la reforma generaría múltiples ventajas directas para que el país y sus comunidades tengan mejores servicios de calidad y, sobre todo, para identificar a aquellas personas que están observadas por la Auditoría.
Como toda reforma constitucional, la iniciativa deberá dictaminarse en comisiones, obtener el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes en el Senado y en la Cámara de Diputados, y contar con el aval de la mayoría de las legislaturas estatales. Mientras eso ocurre, el caso de Cuautla seguirá su curso en los tribunales, donde se definirá la situación jurídica de la persona señalada.
