Por Francisco Rodríguez
Tenemos un Congreso de la Unión conformado espuriamente con la participación de la hoy ilocalizable Guadalupe Taddei, quien le dio sobrerrepresentación al reinecito de Cuarta en San Lázaro. Y cada año sus integrantes protagonizan prolongados y previsibles debates en torno a los dictámenes de la Ley de Ingresos –ambas Cámaras– y el Presupuesto de Egresos de la Federación, exclusivamente los diputados.
Lejos de constituir una revisión técnica o un ejercicio profundo de análisis económico, los legisladores suelen aprobar dichos proyectos sin modificaciones sustanciales ni un estudio riguroso, reduciendo las discusiones a un trámite parlamentario sin impacto real en la planeación financiera del país.
Hasta ahí todo “normal”. Así se ha hecho desde siempre. El problema central radica en el destino posterior de los recursos. Una vez autorizado el presupuesto, el Ejecutivo federal en turno cuenta con margen operativo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar ajustes y reasignaciones de partidas presupuestales discrecionalmente.
El presupuesto recientemente aprobado no es diferente a los que desde 2018 –cuando Enrique Peña cedió anticipadamente los trastos a López Obrador– pues está principalmente orientado a programas sociales y clientelares para mantener el respaldo político a Morena. Cuanto más porque en 2027 se renueva la Cámara Baja federal, hay 17 gubernaturas en juego, y una gran cantidad de ayuntamientos a elegir.
Como los presupuestos de Egresos de los últimos tiempos, el del año próximo prioriza proyectos emblemáticos de la administración federal sobre otras necesidades que ya no admiten más postergaciones.
Lo peor empero es que, aunque Claudia Sheinbaum elevó impuestos, y el pago de tarifas y de derechos, este presupuesto plantea la necesidad de recurrir a endeudamiento interno e internacional para cubrir las proyecciones de ingresos ante una economía con limitaciones de recaudación.
Estas decisiones, que no son de los representantes populares sino de un régimen que lo requiere para sobrevivir en su autoritarismo, operan bajo la pasividad y hasta complicidad de los órganos de fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación, desde siempre señalada por la falta de rigor institucional en la supervisión del ejercicio del gasto.
Ante todo lo anterior es criticable el papel de la mayoría cuatrotera en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes convalidan las propuestas del Ejecutivo sin modificaciones de fondo, priorizando la continuidad del proyecto político por encima de una estrategia económica integral.
DIAGNÓSTICO LAPIDARIO PARA EL DESARROLLO
Y esa es una irresponsabilidad enorme de los diputados de Morena, del Verde y del Trabajo, toda vez que el país transita por una de las etapas más oscuras de su historia reciente.
Porque, mientras el discurso oficial proyecta una nación en vías de consolidación y autosuficiencia, la realidad cotidiana de los mexicanos y de los mercados dibuja un panorama de profundas vulnerabilidades estructurales.
La administración de la llamada 4T enfrenta un diagnóstico lapidario: un modelo de desarrollo basado en ocurrencias, recortes presupuestales mal entendidos y obras faraónicas destinadas únicamente al lucimiento político, lo que ha dejado al descubierto un Estado incapaz de garantizar lo más elemental para el crecimiento y el verdadero bienestar de las mayorías: salud y educación de calidad, empleo formal, seguridad jurídica y energía fiable.
Uno de los indicadores más dolorosos del fracaso económico es que la informalidad laboral rebasa el 50% de la población económicamente activa. Más de la mitad de los mexicanos sobreviven en el subsuelo de la economía: sin seguridad social, sin fondo para el retiro, sin acceso a créditos hipotecarios y expuestos a la arbitrariedad fiscal.
Lejos de revertirse, esta cifra se perpetúa porque la enseñanza pública ha claudicado en su misión formativa. Las escuelas del Estado mexicano ya ni siquiera capacitan para el trabajo del siglo XXI; expulsan al mercado a generaciones desprovistas de habilidades técnicas, científicas o digitales. En lugar de dotar a los jóvenes de herramientas para insertarse en cadenas de valor globales, el sistema educativo prioriza la retórica ideológica, condenando a millones al empleo precario o a la migración.
TIRO DE GRACIA AL ESTADO DE DERECHO
A la precariedad laboral se suma un golpe devastador para la inversión privada: la inseguridad jurídica. La reciente conformación de un Poder Judicial electo mediante métodos tan grotescos como la tómbola y el acordeón ha destruido la división de poderes y la certidumbre legal.
Ningún inversionista nacional o extranjero arriesgará su capital en un país donde los jueces y magistrados no responden al mérito, a la carrera judicial ni a la imparcialidad técnica, sino a consignas políticas o al azar de un sorteo.
La justicia convertida en tómbola ahuyenta el capital, paraliza la llegada de nuevas plantas industriales y vulnera los contratos vigentes, sepultando las promesas del nearshoring.
APAGÓN ENERGÉTICO Y DEPENDENCIA EXTERIOR
La crisis no es solo legal e institucional; es también material y energética. Tal como lo advierten analistas y recientemente lo señalaba el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sin seguridad ni condiciones básicas no habrá inversión ni empleos García Harfuch advierte que sin seguridad no habrá inversión ni empleos. Y en México, hoy no hay energía.
El país padece un déficit severo de energía eléctrica que impide abastecer a las nuevas industrias, especialmente aquellas de alta tecnología y centros de datos dedicados a la Inteligencia Artificial, que exigen un suministro masivo, continuo y limpio.
La política energética gubernamental, anclada en monopolios estatales obsoletos y en la negativa a permitir la participación privada en energías renovables, ha condenado al país al rezago tecnológico.
Aunado a esto, la dependencia del gas estadounidense ya es insuficiente para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad y a las factorías nacionales.
La infraestructura de gasoductos está saturada y la producción interna de gas natural es marginal. Las alertas de desabastecimiento eléctrico y gasífero ya no son una hipótesis lejana, sino una espada de Damocles que pende sobre la planta productiva nacional.
RECURSOS DILAPIDADOS Y SOBERBIA DE LA 4T
Frente a esta tormenta perfecta —informalidad galopante, justicia politizada, apagones energéticos y crisis educativa, lo mismo que sanitaria—, la respuesta gubernamental ha sido la displicencia y el dispendio. Los recursos económicos de la nación se dilapidan en obras faraónicas concebidas no con criterios de rentabilidad social o viabilidad financiera, sino como monumentos al ego político destinados exclusivamente a alzarse el cuello.
Trenes, refinerías subutilizadas y aeropuertos con baja demanda consumen los fondos públicos que urgentemente se requerirían para modernizar la red de transmisión eléctrica, rescatar la educación pública, profesionalizar a las policías o blindar el sistema de salud.
México se encamina peligrosamente hacia la irrelevancia económica global.
Las carencias acumuladas evidencian que gobernar mediante consignas y propaganda tiene un costo altísimo: el sacrificio del futuro de millones de mexicanos en aras de la vanidad ideológica.
Sin un viraje radical hacia la racionalidad económica, el estado de derecho y la inversión en infraestructura moderna, el desarrollo nacional seguirá siendo una promesa vacía, digna solo para endulzar el atole con el dedo que se sirve en las mentiñeras de la señora Sheinbaum.
