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WASHINGTON, 20 de mayo de 2025 — El gobierno de Donald Trump arrancó la semana enviando notificaciones de cobro a 4 500 migrantes con órdenes de expulsión definitivas: cada uno enfrenta multas de 998 dólares por día, retroactivas hasta cinco años, lo que eleva algunas sanciones al tope de 1.8 millones de dólares. Las cartas —firmadas por ICE y tramitadas por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)— otorgan 30 días para pagar o impugnar bajo juramento. La suma global supera 500 millones de dólares.
Del papel a la práctica
La base legal es una norma de 1996 aplicada por primera vez en 2018. Joe Biden la extinguió en 2021, pero Trump la reactivó en abril y ahora amenaza con confiscar propiedades de quienes no cubran la deuda, aunque CBP admite que aún “afina la logística” de los embargos.
Historias detrás de las cifras
Wendy Ortiz, salvadoreña de 32 años que gana 13 USD/hora en una procesadora de carne en Pensilvania, recibió la multa máxima. “¿De dónde voy a sacar tanto dinero?”, dijo la madre de un niño autista estadounidense. Abogados de Nueva York, Texas y California confirman sanciones millonarias contra clientes que ni siquiera sabían que tenían una orden de deportación o que ya tramitan su regularización.
Complemento: “Project Homecoming”
Paralelo a las multas, la Casa Blanca impulsa Project Homecoming: ofrece un “bono de salida” de 1 000 USD y vuelos gratis a quienes abandonen EE. UU. voluntariamente, pero advierte de procesos penales y las mismas multas a quienes se queden. La ONU, vía la Organización Internacional para las Migraciones, coordina la logística; juristas temen que la campaña presione a familias sin explicar vetos de reingreso de hasta 10 años.
Más presión: acceso a tus impuestos
Un memo revelado este mes permite al IRS compartir datos fiscales con ICE para localizar a 7 millones de indocumentados con ITIN. Defensores dicen que la medida “arma” la recaudación y disuade a contribuyentes que antes pagaban sus impuestos para demostrar buen carácter.
Próximos pasos y panorama legal
Organizaciones como la ACLU preparan demandas alegando que las multas son desproporcionadas y que violan el debido proceso. Mientras, las defensas individuales buscan prórrogas o condonaciones, alegando vulnerabilidad económica, vínculos familiares y procesos de asilo pendientes. Nadie descarta que la norma llegue a la Corte Suprema, donde definirán si el bolsillo es la nueva frontera migratoria.
