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CDMX a 30 de abril, 2025.- Organizaciones civiles están encendiendo las alertas sobre un grupo de aspirantes al Poder Judicial que, lejos de representar justicia, arrastran un historial preocupante. Denuncias por narcotráfico, posesión de drogas y armas, vínculos con organizaciones religiosas acusadas de abuso sexual, e incluso señalamientos por desapariciones forzadas, son parte del oscuro expediente que activistas presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de bajar sus candidaturas.
La denuncia fue promovida por colectivos como Defensorxs, Laboratorio Electoral y PolitiklabMX, además de figuras como el periodista desplazado Marcos Joel Vera y Sharim Guzmán, exintegrante de la organización religiosa Luz del Mundo. En total, han identificado a 11 candidatos con antecedentes alarmantes, aunque advirtieron que podrían sumar más de 40 en los próximos días.
Uno de los casos más preocupantes es el de Francisco Herrera Franco, conocido como el «fiscal del terror», hoy aspirante a magistrado. Según los denunciantes, está relacionado con el asesinato de dos periodistas en Michoacán, intentos de extorsión a comunidades indígenas, y presuntos pactos con el crimen organizado que quedaron grabados en audio. “No pasó ni un control de confianza. Hoy quiere ser juez, cuando ni para tránsito te contratan sin examen”, denunció Miguel Alonso Meza, de Defensorxs.
Otro nombre que causa indignación es el de Andrés Montoya, quien busca una magistratura en Sonora y fue el último en ver con vida al periodista José Alfredo Jiménez Mota, desaparecido en 2015. Hasta ahora, el caso sigue sin esclarecerse.
Del bufete al banquillo: defensores de narcos quieren ser jueces
Entre los perfiles más polémicos también se encuentra Fernando Escamilla Villarreal, abogado de reconocidos líderes de Los Zetas como Miguel Ángel Treviño Morales, “Z40”, y Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”. A pesar de haber sido sentenciado por portación ilegal de armas, hoy aspira a una magistratura federal.
Además, está el caso de Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en 2023 con 17 bolsas de cristal y un arma de fuego. Aunque fue vinculado a proceso, también figura en la lista de aspirantes a juez.
La Luz del Mundo: del púlpito al Poder Judicial
Siete de los candidatos señalados tienen vínculos directos con La Luz del Mundo, una organización religiosa cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual a menores.
Uno de ellos es Job Daniel Wong Ibarra, líder religioso que busca convertirse en magistrado, lo cual viola la Constitución mexicana que prohíbe cargos públicos a ministros de culto.
También están Cinthia Teniente Mendoza, presidenta municipal de Salvatierra, Guanajuato, y esposa del senador morenista Emmanuel Carmona, ambos parte de la secta. Su doble cargo público es inconstitucional.
Las aspirantes Madián Sinaí Menchaca Sierra y Betzabeth Almazán Morales, candidatas a juezas de distrito, también fueron señaladas por tener vínculos con líderes de la organización y no cumplir con el requisito de “buena reputación”.
¿Quién vigila a los que deben impartir justicia?
Para los denunciantes, el problema es más profundo: no solo cuestionan a los 11 perfiles actuales, sino el proceso mismo. Según los activistas, el INE y otras autoridades están permitiendo que candidatos sin filtros mínimos accedan a cargos clave dentro del Poder Judicial.
“El INE tiene en sus manos el poder de frenar estos nombramientos antes de que sea demasiado tarde”, dijo Arturo Espinosa Silis, de Laboratorio Electoral. Añadió que este es el momento de limpiar el camino para que jueces y magistrados sean personas íntegras, no con vínculos turbios.
El llamado es claro: revisar a fondo las 3,500 candidaturas para garantizar que quienes lleguen a impartir justicia no sean quienes la perviertan.
S C
