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Tabasco a 10 de septiembre, 2025.- La madrugada del 10 de octubre de 2025 marcó un nuevo giro en la batalla contra el huachicol fiscal: en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad de Tabasco (Grupo Tiburón-Tabscoob), la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido Roberto Valeriano “N”, un hombre de 64 años señalado como pieza clave en la estructura de desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos.
El arresto se logró sin disparos, en un predio sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, tras labores de seguimiento e inteligencia que lo ubicaron en esa zona. Al momento de su detención vestía pantalón negro, camisa estampada y zapatos oscuros, y fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México para ser presentado ante un juez federal.
Las autoridades lo consideran “objetivo prioritario” dentro del caso nacional de huachicol fiscal, pues presuntamente estaría vinculado a múltiples empresas dedicadas al desvío y comercialización ilegal de combustible. En realidad, su arresto forma parte de una ofensiva más amplia, pues desde septiembre se ha venido denunciando una red en las aduanas que involucraría altos mandos navales, empresarios y funcionarios aduaneros.
El caso que detonó esta cadena de capturas fue el del buque Challenge Procyon, intervenido en marzo de 2025 en el Puerto de Tampico con casi 10 millones de litros de diésel ilegal —o al menos eso reportaron las autoridades—, hecho que reveló el entramado para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a través de documentos apócrifos y tráfico aduanal disfrazado.
El meollo central de esta red estaría encabezado por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante respectivamente, quienes presuntamente coordinaban sobornos a funcionarios aduanales para facilitar el ingreso de buques cargados con hidrocarburo ilegal. Las investigaciones apuntan incluso a que sus operaciones iniciaron antes de 2023, con al menos 69 embarques y beneficios estimados en 150 millones de dólares.
Tras la intervención, las autoridades federales han intensificado medidas: se aprobó recientemente una reforma a la Ley de Aduanas que endurece sanciones, amplía facultades de inspección y elimina exenciones de responsabilidad para agentes aduanales; además, se planea establecer 14 laboratorios en aduanas terrestres y marítimas para analizar sustancias sospechosas. En paralelo, asociaciones del gremio aduanero están siendo investigadas: la FGR abrió expediente penal por delincuencia organizada contra 26 agentes que presuntamente omitían información en trámites y operaciones de combustible.
El monto real del daño económico causado por el huachicol fiscal sigue siendo motivo de discordia entre autoridades: algunas estimaciones apuntan a 600 mil millones de pesos, mientras que fuentes oficiales reconocen solo 16 mil millones en procesos que ya se han formalizado.
La muerte de marinos implicados en las investigaciones ha intensificado las sospechas sobre la magnitud y protección de la trama, pues al menos tres elementos navales han sido encontrados sin vida en contextos vinculados al caso Farías Laguna.
Mientras la sociedad observa expectante, con una aprobación de hasta 70 % a las acciones del actual gobierno contra el contrabando de combustible, el arresto de Roberto Valeriano “N” se convierte en un golpe que pone en la mira hasta dónde se extenderá la investigación y quiénes terminarán siendo señalados públicamente.
Este episodio deja claro que no se trata solo de capturar operadores intermedios, sino de correr la cortina hacia redes de poder que habrían criminalizado la fiscalidad energética. El país ahora espera que la acusación tenga sustancia y que la justicia no se quede en titulares.
