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En pleno 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum no está jugando: anda tras los que filtraron millones de litros de combustible ilegal, el famoso “huachicol fiscal”. El “megaoperativo” encabezado por Omar García Harfuch ya dejó dos funcionarios aduanales destituidos y la Fiscalía prepara órdenes de aprehensión en su contra, sospechosos de coludirse con importadores y comercializadoras de hidrocarburos ilícitos.
Fue al menos en Tampico, donde tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel, se separó del cargo al director de finanzas de ASIPONA, Francisco Javier Antonio Martínez; al subgerente de Protección Portuaria, Hugo Alonso Rodríguez; y al administrador aduanal, Luis Jorge Goicochea.
Pero eso solo es la punta del iceberg. En lo que va del año, México ya recuperó más de 50 millones de litros de diésel ingresado desde EE.UU. sin pagar impuestos. Se usaban barcos, pipas y trenes con declaración de productos químicos como aditivos o sosa cáustica, para ocultar el combustible real.
Desde Washington también están atentos: la Embajada de EE.UU. alerta que el “huachicol fiscal” incluye redes transfronterizas que refinan crudo robado en Texas y lo reintroducen a México como legal, con el CJNG como uno de los principales beneficiarios del esquema.
Y no todo pasa en la frontera: una auditoría en la aduana de Tuxpan, Veracruz, reveló omisiones graves en los reportes de entrada y salida de hidrocarburos, lo que puede estar facilitando el contrabando desde años atrás.
La presidenta Sheinbaum lo dejó claro en conferencia: “No vamos a proteger a nadie”, y ya anticipa que habrá detenciones a todos los niveles, con cooperación de agencias como la DEA y el FBI para sanciones también en EE.UU.
¿Y la magnitud? El “huachicol fiscal” representa un boquete económico brutal: se estima que cuesta al país unos 9 000 millones de dólares al año, o 177 000 millones de pesos. Por eso el gobierno está reformando el SAT, reforzando la trazabilidad del combustible y planea hasta reformar Pemex antes de fin de mes.
Operativos recientes han ido más allá del puerto: clausuraron una refinería clandestina en Veracruz, aseguraron millones de litros en Nuevo León y detuvieron a 32 personas en una red de tráfico de gasolina, incluidos 11 agentes de la Guardia Nacional.
