La creciente presencia de motocicletas en las calles de la Ciudad de México llevó al Congreso capitalino a plantear una nueva estrategia para ordenar su estacionamiento y evitar que estos vehículos ocupen espacios destinados a peatones. La propuesta busca crear estacionamientos exclusivos para motocicletas y establecer criterios específicos para su ubicación, aunque su eventual aplicación dependerá de la planeación y capacidad de las autoridades de movilidad.
La diputada María del Rosario Morales Ramos, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), presentó una iniciativa para adicionar el artículo 208 Bis a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y establecer las bases para un Programa Integral de Ordenamiento del Estacionamiento de Motocicletas.
El planteamiento fue dado a conocer el pasado 5 de agosto durante una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y posteriormente fue turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y eventual dictaminación.
De acuerdo con la iniciativa, uno de los principales problemas que busca atender es el estacionamiento de motocicletas en banquetas, rampas de accesibilidad y cruces peatonales, una práctica que puede limitar la movilidad de personas peatones y afectar especialmente a quienes requieren infraestructura accesible para desplazarse.
La propuesta contempla que la Secretaría de Movilidad (Semovi) sea la encargada de elaborar un programa que permita identificar los puntos de la capital donde exista necesidad de establecer cajones exclusivos para motocicletas. También deberá definir criterios para determinar dónde y bajo qué condiciones podrían instalarse estos espacios.
Morales Ramos sostiene que el crecimiento del parque de motocicletas ha incrementado la necesidad de establecer reglas específicas para su estacionamiento. En la exposición de motivos cita información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el aumento de hogares que cuentan con este tipo de vehículos y señala que las motocicletas también se han convertido en una herramienta de trabajo para repartidores y otros sectores.
La legisladora refiere que mientras en el año 2000 se contabilizaban alrededor de 300 mil motocicletas en circulación en México, para 2021 la cifra se aproximó a seis millones de unidades. El crecimiento, plantea, obliga a revisar la manera en que se distribuye el espacio público y a generar infraestructura que permita compatibilizar los distintos modos de transporte.
Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que establecer espacios específicos podría contribuir a mantener libres las áreas peatonales y reducir conflictos entre motociclistas, automovilistas, ciclistas y peatones. Sin embargo, el reto no se limita a habilitar cajones, pues también implicaría garantizar que estos sean suficientes, estén correctamente ubicados y cuenten con mecanismos efectivos de vigilancia y cumplimiento.
La propuesta aclara que no pretende restringir el uso de motocicletas ni afectar a quienes dependen de ellas para desarrollar actividades laborales. El objetivo, según el documento legislativo, es ordenar el uso del espacio público y establecer áreas adecuadas para cada modalidad de transporte.
Como referencia, la iniciativa menciona experiencias de ciudades como Taipéi, Londres, Madrid, Barcelona, São Paulo y París, donde se han implementado espacios de estacionamiento, zonas de espera y otras medidas dirigidas a ordenar la circulación de motocicletas. No obstante, la aplicación de modelos internacionales en la Ciudad de México requeriría considerar las características particulares de sus vialidades, densidad urbana y disponibilidad de espacio.
La discusión legislativa ocurre en un contexto en el que la motocicleta se ha consolidado como una alternativa de movilidad para miles de personas, pero también representa un desafío para la gestión del espacio público. La iniciativa deberá ser analizada en comisión antes de determinar si existen condiciones para convertir la propuesta en una política aplicable en las 16 alcaldías.
De avanzar, el proyecto tendría que definir no sólo dónde podrían instalarse los estacionamientos, sino también aspectos como su distribución territorial, accesibilidad, señalización, vigilancia y relación con otros usuarios de la vía pública. Por ahora, se trata de una propuesta en proceso legislativo y no de una medida de aplicación inmediata.
