Ciudad de México.— El desalojo de 14 familias de un inmueble ubicado en Vidal Alcocer 104, en la zona de Tepito-Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, derivó en una jornada de protestas y bloqueos que paralizaron durante horas vialidades estratégicas del Centro de la Ciudad de México. Mientras los afectados denunciaron amenazas y falta de información sobre la diligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sostuvo que el aseguramiento fue autorizado previamente por un juez de control dentro de una investigación por despojo.
El operativo se realizó durante la madrugada del 2 de septiembre en el predio ubicado en Vidal Alcocer 104, cerca de República de Costa Rica. De acuerdo con la FGJCDMX, la diligencia comenzó alrededor de las 4:00 horas y agentes de la Policía de Investigación ingresaron al inmueble después de solicitar en repetidas ocasiones el acceso. La dependencia afirmó que contaba con autorización judicial emitida el 21 de agosto para asegurar el predio y, de ser necesario, abrir chapas, cerraduras y candados.
La Fiscalía explicó que el procedimiento forma parte de una carpeta de investigación iniciada en noviembre de 2025 por el delito de despojo, luego de que una mujer denunciara haber sido privada de la posesión del inmueble desde diciembre de 2024. Según la dependencia, la denunciante presentó documentación para acreditar la propiedad y una escritura pública de compraventa de 2012 fue corroborada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
Sin embargo, la versión oficial contrasta con los testimonios de las personas desalojadas. Los afectados aseguraron que los agentes ingresaron por la fuerza, los obligaron a abandonar sus viviendas y no les mostraron en ese momento una orden judicial ni contaron, según sus relatos, con la presencia de un actuario o representante legal. Algunos habitantes también denunciaron amenazas y señalaron que entre las personas afectadas había adultos mayores, una persona con discapacidad y alrededor de 30 menores de edad.
La FGJCDMX rechazó que durante la diligencia se hayan utilizado armas o fuerza física y aseguró que los agentes se identificaron antes de ingresar. También señaló que se permitió a los ocupantes retirar documentos, objetos personales, bienes y animales. La dependencia informó que algunos artículos y mercancías permanecen dentro del inmueble y que sus propietarios podrán acreditar su pertenencia ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana para solicitar su devolución.
El número de personas afectadas también ha generado versiones distintas. La Fiscalía y reportes periodísticos coinciden en que fueron 14 familias las desalojadas, aunque durante las primeras horas circularon estimaciones superiores. La diferencia evidencia la necesidad de contar con un registro oficial preciso de los hogares afectados, particularmente porque algunos residentes afirmaron tener décadas de permanencia en el inmueble.
Después del operativo, los inconformes bloquearon inicialmente el Eje 1 Oriente Vidal Alcocer, a la altura de República de Costa Rica. Posteriormente trasladaron la protesta hacia el cruce de avenida del Trabajo y Eje 1 Norte Héroe de Granaditas, donde provocaron fuertes afectaciones a la circulación. La protesta se prolongó por más de ocho horas, de acuerdo con reportes publicados este jueves.
Ante el cierre, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó cortes viales y desvíos para resguardar a los manifestantes y canalizar a los automovilistas. La dimensión de las afectaciones colocó nuevamente en el centro del debate la necesidad de que los operativos judiciales en zonas densamente pobladas contemplen mecanismos de atención para las personas desalojadas y estrategias de movilidad que reduzcan el impacto sobre terceros.
El caso deja abierta una controversia que deberá resolverse con base en documentos y actuaciones oficiales: por un lado, la Fiscalía sostiene que existió una autorización judicial válida y que el procedimiento se realizó conforme a sus facultades; por otro, las familias cuestionan la forma en que fueron retiradas y reclaman información, atención y la revisión de posibles irregularidades. La propia Fiscalía indicó que la investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Más allá del conflicto por la posesión del inmueble, el episodio expone una problemática recurrente en zonas centrales de la capital: la tensión entre disputas de propiedad, ocupaciones de larga duración y la obligación de las autoridades de ejecutar resoluciones judiciales sin descuidar los derechos de quienes resultan directamente afectados. En este caso, la documentación del procedimiento, la actuación de los agentes y las condiciones en que se realizó el desalojo serán elementos relevantes para determinar si la diligencia se ajustó plenamente al marco legal.
