Ciudad de México, 12 de junio de 2026.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a dos ordenamientos locales con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a financiamiento, capacitación y acompañamiento institucional para las y los jóvenes emprendedores, en un contexto marcado por la desaceleración del empleo formal juvenil y la creciente importancia económica de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
Las modificaciones fueron avaladas por unanimidad durante la sesión del Pleno celebrada el pasado 31 de mayo y contemplan cambios a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, informó el Congreso capitalino.
Durante la presentación del dictamen, la diputada Brenda Ruiz Aguilar explicó que la iniciativa fue promovida previamente por la legisladora Frida Jimena Guillén Ortiz y tiene como propósito fortalecer los mecanismos institucionales que permitan a las juventudes acceder a mayores oportunidades de emprendimiento y desarrollo económico.
La legisladora destacó que el empleo formal para jóvenes ha mostrado señales de desaceleración en los últimos años, situación que ha llevado a miles de personas a buscar alternativas mediante el autoempleo y la creación de negocios. En este escenario, las MIPYMES se han consolidado como uno de los principales motores de generación de empleo y actividad económica.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, citados durante la discusión legislativa, las MIPYMES generaron alrededor de 27 millones de empleos en México durante 2024 y aportaron más de la mitad de los ingresos totales del sector económico nacional. Estas cifras reflejan el peso estratégico que tienen estos negocios para el desarrollo productivo del país.
Entre los cambios aprobados se establece que las autoridades competentes deberán promover medidas que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para las micro y pequeñas empresas, además de definir mecanismos que permitan la obtención de créditos orientados al fortalecimiento de su competitividad y permanencia en el mercado.
Asimismo, las reformas contemplan la creación de esquemas de coordinación con instituciones de educación superior públicas y colegios de profesionales para elaborar estudios de viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos que soliciten apoyos del Fondo MIPYMES. Con ello se busca reducir riesgos y mejorar las posibilidades de éxito de los emprendimientos juveniles.
Los legisladores señalaron que, tras la reforma política de 2016 y la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, el acceso a financiamiento debe entenderse también como una herramienta para garantizar derechos y reducir desigualdades entre grupos de atención prioritaria, incluyendo a las personas jóvenes.
Si bien las modificaciones representan un avance normativo para fortalecer el ecosistema emprendedor de la capital, especialistas han señalado que el principal desafío será traducir estos cambios legales en programas efectivos, recursos suficientes y mecanismos transparentes que permitan a los jóvenes acceder realmente a créditos, asesoría y oportunidades de crecimiento empresarial.
