La organización empresarial manifestó su solidaridad con Acevedo y con quienes ejercen el periodismo, al considerar que la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información son elementos indispensables para la vida democrática. La postura ocurre después de que el legislador de Morena publicara en redes sociales un mensaje en el que escribió al periodista: “vamos a ir tras de ti”, tras la difusión de un reportaje relacionado con la senadora con licencia Julieta Ramírez.
El episodio se originó a partir de una investigación de N+ Focus sobre un presunto acuerdo de colaboración de Ramírez con autoridades de Estados Unidos. La senadora con licencia rechazó los señalamientos y calificó la información como una campaña de desprestigio, mientras que Salazar cuestionó públicamente el trabajo periodístico y posteriormente eliminó su mensaje inicial.
Ante la controversia, el senador sostuvo posteriormente que su reacción tuvo como propósito defender a Julieta Ramírez y argumentó que el debate público debe desarrollarse con base en la verdad y sin difamaciones. También señaló que las acciones legales por daño moral son una vía válida cuando una persona considera que su reputación fue afectada.
Sin embargo, el caso abrió nuevamente la discusión sobre los límites entre la crítica política y la intimidación contra comunicadores. Enrique Acevedo sostuvo que cuestionar o desmentir una investigación forma parte del debate democrático, pero consideró distinto utilizar expresiones amenazantes contra quien realiza o presenta el trabajo periodístico. N+ también señaló que la respuesta a una investigación debe darse mediante argumentos y pruebas, no mediante descalificaciones o intimidaciones.
La Canaco CDMX planteó así que los ataques contra periodistas no deben convertirse en una práctica aceptada dentro de la discusión pública, particularmente cuando provienen de funcionarios o representantes populares. El llamado coloca el foco no sólo en la protección individual del comunicador, sino también en las condiciones necesarias para que los medios puedan investigar y difundir información de interés público.
El pronunciamiento empresarial se suma a las reacciones generadas en el Senado. La senadora Lilly Téllez llevó el tema a la tribuna el 9 de septiembre y calificó como grave la expresión utilizada contra Acevedo, además de solicitar que se investigara el caso.
Más allá de las diferencias políticas y de la controversia sobre la información difundida, el conflicto evidencia la necesidad de mantener canales institucionales para responder a investigaciones periodísticas. Si un funcionario considera que una publicación es falsa o afecta su reputación, existen mecanismos legales para controvertirla, sin que ello implique trasladar la disputa al terreno de la amenaza o la intimidación.
La defensa de la libertad de expresión, en este contexto, no supone otorgar inmunidad a los medios frente a la crítica ni impedir que una persona cuestione una investigación. Implica establecer una diferencia clara entre el derecho a responder públicamente y el uso del poder político para presionar, amedrentar o desacreditar a periodistas por el contenido de su trabajo.
Para la Canaco CDMX, el reto consiste en evitar que expresiones de este tipo se incorporen como parte habitual de la confrontación política. La exigencia de no normalizar ataques contra periodistas coloca nuevamente sobre la mesa la responsabilidad de los actores públicos de preservar un debate basado en argumentos, evidencia y vías institucionales, especialmente en un país donde el ejercicio periodístico enfrenta condiciones de riesgo.
