La accesibilidad de los espacios públicos podría dejar de depender de decisiones administrativas o de la disponibilidad presupuestal en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, si prospera una iniciativa presentada ante el Congreso capitalino que busca establecer obligaciones legales específicas para la planeación, construcción, adecuación, conservación y mantenimiento de estos lugares bajo criterios de inclusión y diseño universal.
La propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Villarreal Cantú, del Partido del Trabajo (PT), durante la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México del pasado 5 de agosto. El proyecto plantea modificar el artículo 198 de la Ley Orgánica de Alcaldías para fortalecer las atribuciones de los gobiernos territoriales en materia de accesibilidad de los espacios públicos.
De acuerdo con el documento legislativo, aunque la legislación vigente contempla diversas responsabilidades de las alcaldías sobre parques, plazas y otras áreas públicas, no establece de manera expresa que dichas intervenciones deban realizarse bajo criterios de accesibilidad e inclusión. Para el promovente, esta ausencia normativa permite que la incorporación de estos elementos dependa de decisiones particulares y de los recursos disponibles en cada demarcación.
El planteamiento advierte que esta situación genera barreras para distintos sectores de la población, entre ellos niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y quienes presentan necesidades específicas de movilidad o procesamiento sensorial. La falta de infraestructura adecuada puede limitar el uso cotidiano de espacios que, por su naturaleza, deberían estar disponibles para toda la población en condiciones de igualdad.
Entre las deficiencias señaladas en la iniciativa se encuentran la ausencia de rampas, pavimentos adecuados y sistemas de señalización universal mediante braille o pictogramas. También se identifica la falta de mobiliario urbano accesible y de áreas recreativas con juegos adaptados para niñas y niños con autismo u otras condiciones relacionadas con el procesamiento sensorial.
El proyecto sostiene que el problema no se limita a la movilidad física, debido a que el diseño de los espacios públicos también determina las posibilidades de convivencia, integración social y participación comunitaria. Bajo esta perspectiva, garantizar infraestructura accesible representa una condición para ejercer de manera efectiva el derecho a la ciudad y no únicamente una medida dirigida a un grupo específico de habitantes.
La iniciativa propone además armonizar la legislación capitalina con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-2021, que establece criterios relacionados con la planeación, diseño, gestión y uso de espacios públicos, entre ellos aspectos vinculados con accesibilidad, funcionalidad e inclusión. La referencia a esta norma busca dar mayor sustento técnico a las obligaciones que se pretenden incorporar en la legislación local.
Uno de los principales alcances de la propuesta sería convertir la accesibilidad en un criterio permanente para las obras y acciones de las alcaldías, en lugar de mantenerla como un componente sujeto a proyectos aislados. Sin embargo, su eventual aplicación también implicaría retos presupuestales, de planeación y supervisión, particularmente en demarcaciones con infraestructura urbana deteriorada o con rezagos acumulados.
La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Alcaldías y Límites Territoriales, donde deberá ser analizada y, en su caso, dictaminada. Por ahora, se trata de una iniciativa y no de una obligación vigente para las alcaldías.
El debate legislativo permitirá determinar si los criterios de accesibilidad y diseño universal deben incorporarse como una responsabilidad explícita de los gobiernos de las 16 demarcaciones, así como los mecanismos necesarios para garantizar que estas disposiciones se traduzcan en obras y espacios funcionales. La discusión también pondrá a prueba la capacidad institucional para pasar de principios generales de inclusión a estándares verificables en el espacio público de la capital.
Fuentes: Congreso de la Ciudad de México y Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDATU-2021.
