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Edomex a 28 de octubre, 2025.- El desabasto de agua en el Estado de México (Edomex) y la Operación Caudal desplegada en más de 48 municipios sacaron a la luz una red compleja de robo y comercialización ilícita de agua, también llamada “huachicol de agua”.
En localidades como Chimalhuacán, se descubrió un inmueble donde pipas de 40 000 litros salían para abastecerse en un pozo supuestamente irregular, y luego el agua se vendía hasta en 3 500 pesos.
La Fiscalía del Edomex informó que se intervinieron 51 pozos, 138 tomas clandestinas, se aseguraron más de 320 pipas y se detuvo a varios presuntos involucrados.
Las protestas no se hicieron esperar: trabajadores de pipas y purificadoras bloquearon vialidades en el Estado de México y la Ciudad de México con consignas como “No somos huachicoleros, somos piperos” y demandando reabrir los pozos clausurados.
Aunque el sistema de abastecimiento principal —como el Sistema Cutzamala— está operando al tope y el gobierno asegura que los hogares no se quedarán sin agua, el hecho de que grupos organizados extraigan sin permiso y vendan el líquido a sobreprecio evidencia una falla en la política hídrica y en el control de derechos básicos.
Las autoridades identificaron que los grupos involucrados operaban con estructuras que simulan ser sindicatos o asociaciones de transporte, con nombres como USON, Los 300, Libertad, 22 de Octubre, entre otros. Estos organizaban pipas tipo tráiler sin permisos y controlaban rutas de venta ilegal hacia purificadoras, mercados y colonias.
El sobrecosto es notable: mientras el precio regulado por 10 000 litros ronda los 1 131 pesos, en municipios como Ecatepec se identificó un incremento del 59 % en el precio final para el consumidor.
La dimensión de la crisis es multifacética: por un lado, existe la afectación directa al ciudadano que debe pagar más o quedarse sin agua; por otro, la operatividad estatal queda en entredicho al no evitar desde hace años estas redes. Además, el bloqueo de pipas agrava transportes, vialidades y el acceso a servicios esenciales.
En resumen: el robo de agua a gran escala, su comercialización ilícita, los operativos estatales y las protestas ciudadanas convergen para revelar que no solo es una cuestión de infraestructura, sino de poder, ilegalidad y una disputa por un bien público vital.
S C
