El 14 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, José María Morelos presentó un documento que condensó las aspiraciones políticas de una insurgencia en plena guerra. Los “Sentimientos de la Nación” no fueron una constitución completa, pero sí una hoja de ruta: defendieron la soberanía popular, rechazaron la dependencia colonial y propusieron reglas para organizar un nuevo Estado. Su importancia está en haber llevado la independencia del terreno militar al debate sobre el poder.
El texto fue leído ante el Congreso de Anáhuac, la asamblea convocada por los insurgentes para representar a las provincias que se separaban del dominio español. Morelos había preferido llamarse “Siervo de la Nación”, una fórmula que contrastaba con la autoridad personal de los monarcas. La expresión no borraba las jerarquías de su tiempo, pero señalaba que el gobierno debía justificarse por el servicio público y no por el privilegio de nacimiento.
Uno de los principios centrales fue que la soberanía dimana del pueblo. En el contexto de 1813, esa afirmación era una ruptura con el orden monárquico y con la idea de que las decisiones políticas descendían exclusivamente del rey. La insurgencia podía invocar la ausencia de Fernando VII para justificar una junta, pero Morelos fue más lejos: planteó que la comunidad política tenía capacidad propia para darse leyes y elegir autoridades.
El documento también propuso moderar la desigualdad de la riqueza y eliminar distinciones basadas en castas. La sociedad novohispana clasificaba a las personas por origen y utilizaba esas categorías para distribuir derechos, oficios y reconocimiento. Los Sentimientos de la Nación no resolvieron de inmediato la desigualdad económica, pero instalaron una idea decisiva: la ley debía considerar a los habitantes como ciudadanos y no como una escala de calidades heredadas.
Morelos incluyó la abolición de la esclavitud y la eliminación de tributos que afectaban a los pueblos originarios. Estas medidas conectaban la guerra con agravios concretos de comunidades que sostenían buena parte de la economía colonial. El programa insurgente no fue homogéneo ni estuvo libre de contradicciones, pero su lenguaje abrió una disputa sobre el trabajo, la propiedad y las obligaciones fiscales que sobreviviría a la consumación de la independencia.
La propuesta de dividir el poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial reflejó la influencia de las ideas constitucionales atlánticas. Los insurgentes buscaban evitar que la nueva nación sustituyera una autoridad absoluta por otra. La separación de funciones debía permitir controles, deliberación y responsabilidad. En medio de una campaña militar, esa arquitectura institucional era también una apuesta por la estabilidad frente a los caudillismos y las decisiones improvisadas.
El Congreso de Anáhuac declaró la independencia de la América Septentrional en noviembre de 1813 y avanzó hacia la Constitución de Apatzingán de 1814. El documento constitucional recogió parte del programa, aunque la guerra y las derrotas limitaron su aplicación efectiva. La asamblea tuvo que desplazarse constantemente, mientras las tropas realistas recuperaban plazas estratégicas. La distancia entre el texto y la realidad militar muestra lo difícil que era fundar instituciones en un territorio en conflicto.
La captura y ejecución de Morelos en 1815 debilitó el proyecto congresual, pero no lo volvió irrelevante. Sus principios circularon entre insurgentes, abogados y comunidades que discutían el futuro político. Años después, otros actores retomarían la soberanía, la representación y la igualdad como argumentos para negociar la salida del régimen virreinal. La independencia no siguió una sola línea ideológica: fue el resultado de encuentros entre programas que a veces habían sido enemigos.
Leer hoy los Sentimientos de la Nación permite medir la distancia entre una promesa y su cumplimiento. La ciudadanía formal, la división de poderes y la eliminación de castas no acabaron con la pobreza ni con la exclusión. Sin embargo, el documento dejó una pregunta que sigue vigente: ¿cómo convertir la soberanía popular en instituciones capaces de proteger derechos, limitar abusos y representar la diversidad de México?
