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Por Bruno Cortés
Estados Unidos mantiene una red global de vigilancia contra el terrorismo que se extiende a más de 80 países mediante bases de datos compartidas, acuerdos bilaterales y plataformas biométricas. México forma parte de este engranaje internacional, con impactos directos en sus políticas migratorias, de seguridad nacional y derechos humanos.
Un sistema interconectado y silencioso
La lucha contra el terrorismo internacional no se limita a la vigilancia doméstica. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha tejido una red sofisticada de cooperación internacional que involucra el intercambio constante de datos sensibles. En el centro de este sistema está la Terrorist Screening Database (TSDB), conocida popularmente como la “watchlist”, administrada por el Terrorist Screening Center (TSC) del FBI.
Esta base de datos, que contiene información sobre presuntos terroristas, se comparte de manera directa con al menos 38 países aliados, y de forma más limitada con decenas más. Según informes del propio gobierno estadounidense y filtraciones a medios como The Intercept, el sistema ha crecido de forma desproporcionada: para 2023, más de 1.6 millones de registros estaban contenidos en esta red.
¿Qué comparten y con quién?
El sistema no es uniforme. A través del programa TIDE (Terrorist Identities Datamart Environment), Estados Unidos agrega información proveniente de agencias de inteligencia, militares, policiales y migratorias, tanto nacionales como extranjeras.
Gran parte de estos datos se difunden a través de alianzas estratégicas como Five Eyes (EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), o mediante Interpol, Europol, la OTAN y tratados bilaterales con más de 60 países, incluyendo México.
El intercambio incluye:
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Nombres completos y alias.
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Huellas dactilares y datos biométricos.
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Fotografías y registros de viaje.
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Supuestos vínculos con organizaciones terroristas.
México en el radar
México ha estrechado sus vínculos con las agencias estadounidenses desde los años 2000. A través de mecanismos como la Iniciativa Mérida y la cooperación entre el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM), se ha convertido en un socio clave en la detección de posibles amenazas.
Según fuentes del DHS consultadas por The Washington Post, México recibe retroalimentación directa cuando individuos sospechosos cruzan sus fronteras, y en muchos casos, se realizan detenciones preventivas basadas en la información proporcionada por EE.UU., incluso si no existe una orden judicial en el país.
Riesgos y controversias
Si bien esta colaboración permite identificar a posibles extremistas antes de que lleguen a EE.UU. o México, también ha desatado polémicas. Activistas y organizaciones como la ACLU han denunciado que miles de personas fueron incluidas en la lista por error, sin transparencia ni posibilidad de defensa.
Además, se han detectado casos en los que los criterios para definir a un “sospechoso” han sido ambiguos: desde contactos lejanos con personas bajo vigilancia, hasta publicaciones en redes sociales malinterpretadas.
En el caso de México, expertos en derechos humanos han señalado que detenciones en aeropuertos o revisiones migratorias basadas en alertas de EE.UU. podrían violar garantías fundamentales si no se justifican legalmente.
El lado biométrico del asunto
Un componente creciente es el uso de bases de datos biométricas. El sistema IDENT/HART del DHS ha incorporado más de 300 millones de registros biométricos —huellas, rostros, iris— y los comparte con más de 80 países, según el Departamento de Estado.
México ha comenzado a integrar sistemas similares en sus puntos fronterizos. El problema: aún no existe una regulación clara sobre el uso de estos datos, su resguardo o su destrucción una vez cumplido el objetivo de seguridad.
¿Quién tiene el control?
La pregunta clave es: ¿quién decide quién entra en la lista? La respuesta es un mosaico de agencias: FBI, CIA, NSA, NCTC, DHS, y en algunos casos, agencias de inteligencia extranjeras. El proceso de inclusión no es público ni tiene un mecanismo de apelación claro.
En 2021, la Corte Suprema de EE.UU. validó el derecho del gobierno a mantener en secreto los criterios para incluir personas en la lista, lo que dificulta aún más los reclamos por violaciones de derechos.
Una vigilancia sin fronteras
Lo que comenzó como un instrumento interno para proteger a EE.UU. se ha convertido en un sistema de vigilancia transnacional, donde México —al igual que muchos otros países— coopera activamente. La amenaza del terrorismo es real, pero también lo es el riesgo de caer en una lógica de sospecha permanente, sin transparencia ni garantías.
En el juego geopolítico de los datos y el miedo, las fronteras no existen: las listas de terrorismo de EE.UU. viajan más que muchos de sus ciudadanos.
