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Los bosques del mundo han sufrido una pérdida devastadora en las últimas décadas. Entre 1990 y 2020 desaparecieron más de 400 millones de hectáreas, una cifra que refleja la magnitud de la crisis ambiental actual, de acuerdo con datos del Consejo de Administración Forestal. Esta pérdida afecta especialmente a regiones tropicales de América, África y Asia, donde se concentra gran parte de la biodiversidad del planeta.
Los bosques no solo son extensiones de vegetación: albergan hasta el 80 % de la biodiversidad terrestre, además de desempeñar un papel crucial en la regulación del clima, la captura de carbono y el sustento de millones de personas. Su degradación, por tanto, tiene consecuencias profundas que van desde la pérdida de especies hasta el aumento de la pobreza y la migración en comunidades rurales.
El principal motor de esta deforestación es la expansión agrícola y ganadera, responsable de aproximadamente el 88 % del problema a nivel global. A esto se suman otros factores como el crecimiento urbano, la explotación de recursos y la degradación progresiva de los ecosistemas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el fenómeno de la “deforestación importada” —impulsada por la demanda internacional de productos— afecta cerca de 10.9 millones de hectáreas cada año.
Ante este panorama, iniciativas como el proyecto Bosques Vivos buscan articular esfuerzos entre ciudadanía, empresas y gobiernos para frenar la pérdida de cobertura forestal. Una de las propuestas clave es respaldar el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, una normativa que pretende transformar el comercio internacional hacia modelos más sostenibles.
Este reglamento introduce mecanismos de control sin precedentes, como sistemas de geolocalización y verificación para rastrear el origen de los productos. Con ello, se busca fortalecer la trazabilidad en las cadenas de suministro, mejorar la gobernanza forestal en los países productores y aumentar la transparencia en los mercados globales.
Además, al ofrecer información clara sobre el origen de los bienes, la normativa también puede influir en los hábitos de consumo de los ciudadanos, promoviendo decisiones más responsables. En este sentido, se considera un punto de inflexión en la lucha contra la deforestación, al integrar criterios ambientales, sociales y económicos en el comercio global.
El proyecto Bosques Vivos también plantea acciones concretas para reducir la deforestación importada. Entre ellas destacan el impulso a pequeñas asociaciones productoras, el acceso a incentivos para prácticas sostenibles, la participación activa de mujeres en actividades productivas y el fortalecimiento de sistemas de control y diligencia debida.
En esta iniciativa participan organizaciones y empresas de países como Ecuador, Guatemala y Honduras, con el respaldo de la Fundación COPADE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, lo que evidencia la dimensión internacional del problema y la necesidad de soluciones coordinadas.
La pérdida de bosques no es solo una crisis ambiental, sino también social y económica. Frenarla implica replantear la forma en que se produce, se comercia y se consume a nivel global, en un momento donde el equilibrio del planeta depende cada vez más de decisiones colectivas informadas y sostenibles.
