El diputado federal por Quintana Roo Ernesto Sánchez solicitó indagar quién pagó los viajes, a quién pertenecen las aeronaves y si existen vínculos con contratistas del gobierno estatal.
El legislador panista pide investigar 97 vuelos privados que atribuyeron a la gobernadora de Quintana Roo, así como determinar el origen de los recursos utilizados y posibles vínculos de los propietarios de las aeronaves con contratos gubernamentales.
Ernesto Sánchez hizo la solicitud a la Secretaría Anticorrupción para indagar el caso y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar, en el ámbito de sus atribuciones, si existió algún uso irregular de recursos públicos.
“Queremos saber qué aerolínea es, si han recibido contratos del gobierno estatal o, en su caso, municipal cuando la actual gobernadora era alcaldesa de Cancún, así como saber si los dueños son contratistas consentidos de la administración de la 4T”, señalaron.
De acuerdo con panistas del, entre los destinos de los vuelos se encuentran ciudades de Estados Unidos como Orlando y Vail, y estimaron que el costo por hora de vuelo de las aeronaves utilizadas rondaría los 6 mil dólares.
Sánchez Rodríguez cuestionó que estos viajes sean compatibles con el discurso de austeridad impulsado por Morena y retomaron la frase utilizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”.
Afirmó que, de acuerdo con sus estimaciones, un viaje privado a Orlando podría representar alrededor de 406 mil pesos, mientras que uno a Vail alcanzaría aproximadamente 812 mil pesos. Compararon esas cantidades con el equivalente a entre 213 y 427 becas Benito Juárez.
El legislador señaló que el tema debe esclarecerse ante los problemas económicos y sociales que enfrenta Quintana Roo, entre ellos la inseguridad, el desempleo y las afectaciones al sector turístico provocadas por el sargazo.
Indicó que durante julio se abrieron 5 mil 75 carpetas de investigación en la entidad y señalaron que Quintana Roo se ubicó en el lugar 11 a nivel nacional en incidencia delictiva.
Asimismo, sostuvo que datos de la Secretaría del Bienestar estatal muestran un incremento de 7.6 por ciento en la población en situación de pobreza, equivalente a 52 mil 398 personas adicionales en un año.
“Las familias de Quintana Roo no necesitan servidores públicos de clase premier; necesitan gobiernos responsables, cercanos y que atiendan las necesidades principales y más básicas de sus entornos”, señalaron Sánchez y Martínez.
El panista insistió en que las autoridades correspondientes deben esclarecer quién financió los vuelos y determinar si existió algún conflicto de interés o utilización de recursos públicos.
