Detrás de las cifras y los balances presentados en el Segundo Informe de Gobierno de Monterrey por el alcalde Adrián de la Garza, la vida diaria de miles de familias regiomontanas se cruza directamente con el alcance territorial del DIF municipal. Las acciones reportadas abarcan desde intervenciones oftalmológicas de alta complejidad hasta la recuperación de espacios públicos en barrios periféricos, en un esfuerzo por sostener a una población que depende de la asistencia estatal para subsistir.
En las instalaciones de Ciudad de la Inclusión, donde el municipio destinó 51.6 millones de pesos para modernización e infraestructura hidrotécnica, la demanda no se detiene. La apertura del Domo Acuático ha permitido sostener un ritmo de 800 terapias semanales para personas con lesiones neuromotoras, un servicio que para los usuarios representa la diferencia entre una recuperación progresiva y el deterioro físico por falta de recursos para costear clínicas privadas.
La batalla contra la ceguera prevenible constituyó otro de los ejes de mayor impacto directo en las comunidades de la periferia regia. El informe oficial documentó la distribución de 15 mil pares de lentes y la consumación de 500 cirugías de cataratas sin costo alguno para los beneficiarios, procedimientos que devolvieron la independencia visual y laboral a adultos mayores que acumulaban años en lista de espera.
En la escala comunitaria, la inversión de 133 millones de pesos orientada al rescate de 40 inmuebles y la edificación de 11 nuevas áreas asistenciales transformó el entorno vecinal. Uno de los puntos de reunión añadidos fue Coryland, un espacio público gratuito concebido para actividades recreativas infantiles que busca cerrar la brecha de esparcimiento en colonias de escasos ingresos económicos.
Por su parte, la vulnerabilidad en la tercera edad motivó la intervención del esquema institucional “Habla por Ellos”, que concentró mil 600 acciones de apoyo directo para 870 personas de la tercera edad. El trabajo en campo expuso realidades de abandono, litigios testamentarios intrafamiliares y necesidad de atención médica básica que desbordan con frecuencia la capacidad instalada de las delegaciones municipales.
El espectro legal también incidió en la certidumbre de los hogares: la campaña “Oficialmente Regios” otorgó actas registrales a 560 niñas y niños en situación de subregistro y legalizó a 350 matrimonios. Para estas familias, el trámite institucional formalizó garantías de seguridad social, afiliación escolar y derechos patrimoniales inmediatos.
El balance oficial del eje “Una ciudad para todas y todos” concluye su segundo año exhibiendo una red asistencial robustecida, mientras las comunidades beneficiadas exigen que la continuidad del gasto corriente y el mantenimiento de las instalaciones perduren más allá de los ciclos políticos de la administración local.
