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Desde hace días, medios nacionales revelan que Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, podría estar involucrado en una reunión ocurrida a finales de 2021 con Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Marina detenido por presunto huachicol fiscal. Según la columna de Claudio Ochoa Huerta en El Universal, la cita tuvo lugar en un departamento en Polanco y habría servido para estructurar operaciones ilícitas relacionadas con el contrabando de combustible.
Farías Laguna y su hermano Fernando —prófugo— son sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. Las investigaciones apuntan a que ambos lideraron una red que manipulaba aduanas, entregaba sobornos a subordinados y hacía entrar al país hidrocarburos bajo la apariencia de lubricantes o aceites para evadir impuestos.
Se dice que en la reunión también estuvieron Amílcar Olán Aparicio (vinculado al grupo conocido como “El Clan”), el empresario Arnoldo Rojas, apodado “El señor de los tanques” por su papel en el tráfico de combustible desde EE.UU., además de un abogado llamado Hugo Flores con conexiones políticas en Querétaro y Morelos.
Manuel Roberto Farías fue detenido el pasado 2 de septiembre y vinculado a proceso. En total, la operación implicó a 14 personas entre militares, funcionarios de aduanas y empresarios. Uno de los puntos clave de las indagatorias ha sido el decomiso de un buque en marzo de 2025 que transportaba diésel ilegal, disfrazado como aditivos o lubricantes, para evadir impuestos.
También han surgido denuncias previas y sospechas: movimientos financieros por al menos 3 mil millones de pesos se mencionan vinculados con la red; Amílcar Olán Aparicio habría huido a Suiza; se habla de logística privada (aviones, helicópteros) para movilizar el combustible.
En tribunales, la audiencia de Manuel Roberto Farías Laguna empezó en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, donde se le imputan delitos relacionados con delincuencia organizada y evasión fiscal mediante el contrabando de hidrocarburos. También la Fiscalía General de la República y otros organismos han abierto líneas de investigación que implican revisar contratos, posibles abusos de poder, tráfico de influencias y presuntos favores a prestanombres.
Este asunto ha generado gran revuelo político: críticos acusan que estos presuntos vínculos opacos socavan la confianza en las instituciones; otros señalan que es necesario que haya transparencia real y sanciones si se comprueba alguna responsabilidad. El gobierno federal aún no ha emitido una versión oficial clara sobre la supuesta reunión de Bobby con Farías Laguna, más allá de las investigaciones periodísticas.
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