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Este fin de semana, Durango fue escenario de un nuevo y preocupante ataque a la libertad de prensa. Durante una cobertura en Facebook Live, la reportera Susana Blanco, del diario Contacto Hoy, fue intimidada y desacreditada públicamente por el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Víctor Hernández Fuentes.
El hecho ocurrió frente a cámaras y quedó registrado en tiempo real: en lugar de atender a la prensa con apertura y respeto, el funcionario decidió utilizar su cargo para impedir el trabajo periodístico, descalificando a la reportera en plena transmisión. Un acto claro de violencia institucional y censura.
Aunque la periodista se mantuvo firme, lo ocurrido refleja una preocupante normalización del acoso a la prensa desde las estructuras de poder. No es un caso aislado, sino parte de un patrón que en México ha convertido al ejercicio del periodismo en una labor de riesgo.
Más allá de la agresión individual, este tipo de conductas representa un ataque directo al derecho ciudadano de recibir información. Cuando un funcionario busca silenciar a la prensa, se pone en juego la transparencia, la rendición de cuentas y la salud democrática de las instituciones.
Organizaciones de periodistas, colectivos feministas, defensores de derechos humanos y medios de todo el país están llamados a pronunciarse. Este no es solo un problema de Durango, es un reflejo de cómo se ejerce el poder en muchas partes del país.
Desde aquí, va el respaldo a Contacto Hoy y a Susana Blanco. Y también el llamado a que las autoridades estatales asuman su responsabilidad y garanticen que hechos como este no vuelvan a repetirse. Porque sin libertad de prensa, no hay democracia que aguante.
