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La Fundación Konrad Adenauer México (KAS) presentó el informe “Elecciones Judiciales 2025: Balance crítico”, el cual documenta una participación ciudadana de apenas el 13% del padrón electoral durante los comicios judiciales. Este nivel de asistencia a las urnas representa la cifra más baja registrada en procesos electorales recientes.
El análisis cuantitativo de los resultados revela que el 65% de los magistrados federales que resultaron electos obtuvieron su cargo mediante la postulación del Poder Ejecutivo. En el caso específico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el informe señala que la totalidad de los nueve ministros electos fueron respaldados por el Ejecutivo, ya sea en solitario o en alianza. Por el contrario, ningún candidato proveniente del propio Poder Judicial logró obtener un cargo en la SCJN, a pesar de representar el 21.87% del total de las candidaturas.
El estudio, coordinado por la KAS y diversas organizaciones, basó sus hallazgos en la evaluación de más de 7,000 candidaturas y el análisis de 32 «acordeones» distribuidos a nivel nacional. De acuerdo con el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), la probabilidad de éxito electoral para un candidato que figuraba en estos materiales impresos osciló entre el 75% y el 100%, mientras que fue casi nula para aquellos que no aparecían en las listas.
La infraestructura electoral también fue objeto de escrutinio mediante el análisis de 120 modelos de boletas, labor realizada por la organización civil Juicio Justo en conjunto con investigadores. Se detectaron errores estructurales que incluyeron boletas con uno a cuatro recuadros excedentes respecto a las vacantes, así como papeletas a las que les faltaban entre uno y tres recuadros. Estas fallas operativas resultaron en la emisión de un menor número de votos en relación con las vacantes disponibles.
A nivel geográfico, el informe documenta disparidades territoriales significativas en la influencia del Poder Ejecutivo. En entidades como Morelos, Aguascalientes y Veracruz, la influencia gubernamental sobre los jueces electos fue dominante, alcanzando proporciones del 90%, 83% y 80% respectivamente. En contraste, en Michoacán la influencia del Ejecutivo registró solamente un 11%.
Durante la jornada de votación, los ejercicios de observación documentaron irregularidades sistemáticas como el voto grupal y el uso de los referidos «acordeones» para orientar el sufragio. Asimismo, se registró la presencia de personas no autorizadas en las casillas y fallas intermitentes en el sistema informático desarrollado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el cómputo automatizado.
Con base en la evidencia recopilada, el documento propone establecer parámetros técnicos y objetivos para la calificación de los aspirantes. Adicionalmente, se recomienda el desarrollo de un sistema de voto electrónico que permita el cómputo automatizado y en tiempo real de los sufragios, o un sistema de escaneo de boletas similar al utilizado en exámenes de opción múltiple.
