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CDMX a 30 de abril, 2025.- En una jornada cargada de emociones, un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 170 años de prisión a Giovanna ‘N’ y Mario ‘N’, responsables del secuestro y feminicidio de Fátima Cecilia, una niña de 7 años cuyo caso sacudió a México en febrero de 2020.
La sentencia se da cinco años después del crimen que ocurrió en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, y fue anunciada justo en la antesala del Día del Niño, una fecha que cobra otro significado cuando se recuerda a Fátima, una pequeña que no debió morir.
Fátima desapareció el 11 de febrero de 2020 después de salir de su escuela, ubicada en la zona de Tulyehualco. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que una mujer la sustrajo, aprovechando que su madre no había llegado por ella.
La alarma social creció con la difusión de las imágenes y la tardía respuesta de las autoridades. Fue hasta el 15 de febrero que la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizó el cuerpo sin vida de la menor, y días después, el 19 de febrero, se confirmó la captura de la pareja en un operativo en el Estado de México.
El caso despertó protestas, marchas y una ola de indignación que obligó a las autoridades a actuar con rapidez. En ese entonces, colectivos feministas y organizaciones civiles denunciaron fallas en los protocolos escolares y la indiferencia institucional hacia la violencia contra niñas.
Este martes, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso la pena máxima permitida por los delitos de secuestro agravado y feminicidio, condenando a la pareja a 170 años de prisión, sin posibilidad de reducción.
Fuera del Reclusorio Oriente, colectivos feministas instalaron un altar con veladoras y fotografías de la pequeña, junto a una manta con la frase: “Todos somos Fátima”. Lo hicieron como acto de memoria, pero también como exigencia: que este tipo de crímenes no se repitan y que la justicia no tarde cinco años en llegar.
La defensa de los sentenciados aún puede apelar, pero los familiares de Fátima y activistas han señalado que esta resolución marca un precedente en cuanto a la penalización ejemplar de quienes atentan contra la vida de niñas y niños en México.
Aunque ninguna sentencia devuelve a una hija, este caso deja claro que la sociedad ya no está dispuesta a tolerar la impunidad.
