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En el Congreso se está discutiendo algo que, aunque suena técnico, puede cambiar cómo se juega la democracia en México. La protagonista esta vez es Kenia López Rabadán, quien encendió la alerta sobre un punto clave del llamado “Plan B” de la reforma electoral: la posibilidad de que quien esté en proceso de revocación de mandato pueda promover el voto a su favor.
Para entenderlo fácil, la revocación de mandato es como cuando los ciudadanos deciden si un gobernante sigue o no en el cargo. Es un mecanismo pensado para darle poder a la gente. Pero lo que cuestiona la diputada es si ese proceso sigue siendo justo cuando el propio gobernante puede salir a pedir el voto para quedarse.
Según López Rabadán, el texto de la iniciativa sí permite esta promoción, aunque desde la Presidencia se haya dicho lo contrario. Y ahí está el problema: cuando lo que se dice y lo que está escrito no coinciden, se abre la puerta a interpretaciones que pueden generar ventajas para una de las partes.
La legisladora pone el dedo en la llaga al diferenciar dos cosas que parecen iguales, pero no lo son: defender tu gestión y hacer campaña. Defenderte implica explicar resultados, dar argumentos, rendir cuentas. Promover el voto, en cambio, ya entra en terreno electoral, donde hay reglas mucho más estrictas para evitar abusos de poder.
Por eso su llamado no es menor. Lo que pide es que el Congreso aclare bien la redacción de la reforma, que no deje espacios grises y que se defina con precisión qué está permitido y qué no. En política pública, esa claridad es clave para evitar conflictos legales y garantizar condiciones equitativas.
En medio de esta discusión, también se corrigió otro punto que había generado polémica: la eliminación de la paridad de género. López Rabadán reconoció que se haya rectificado rápido, porque quitar ese principio habría significado un retroceso en la participación de las mujeres en la vida pública.
Y mientras todo esto se debate, en la Cámara de Diputados también se está negociando la elección de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Un proceso que, aunque va por otra vía, también es fundamental porque define quién organiza y vigila las elecciones en el país.
Al final, lo que está en juego no es solo una reforma más. Es la forma en que se equilibra el poder entre gobierno y ciudadanía. Y como suele pasar en el Congreso, todo puede depender de cómo se escriba una sola línea.
