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La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a las autoridades para garantizar la estabilidad estructural del Tren Maya, ante reportes sobre posibles hundimientos en el Tramo 5 y trabajos de apuntalamiento en zonas de cenotes y cavernas.
Durante una entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir cualquier riesgo que pueda derivar en una tragedia. En ese sentido, enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones reales de seguridad, viabilidad y estabilidad de la obra, así como las acciones que se están implementando para proteger a la población.
López Rabadán señaló que los antecedentes recientes en infraestructura ferroviaria, como el accidente en el ferrocarril transístmico con víctimas mortales, obligan a actuar con rigor técnico y responsabilidad institucional. Por ello, insistió en que se deben realizar todas las acciones de ingeniería necesarias bajo los más altos estándares de seguridad, además de garantizar transparencia en la información pública sobre el proyecto.
En otro tema, la diputada también se pronunció sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la inmovilización de cuentas bancarias sin orden judicial. Aunque expresó respeto por las decisiones del Poder Judicial, manifestó su desacuerdo al considerar que dicha medida vulnera principios constitucionales.
Desde su perspectiva, congelar cuentas sin una resolución judicial previa puede afectar no solo a empresarios, sino también a trabajadores que dependen de esos recursos para recibir sus ingresos. Advirtió que los procesos legales suelen prolongarse más allá de los plazos previstos, lo que podría dejar a familias sin sustento durante meses o incluso años en caso de errores o decisiones injustificadas.
Asimismo, recordó que una propuesta similar ya había sido frenada en el pasado por la propia Corte, que entonces actuó como contrapeso institucional. En contraste, consideró que la decisión actual genera incertidumbre jurídica y podría impactar negativamente en la confianza y en el entorno económico.
Finalmente, López Rabadán enfatizó que el debate no debe centrarse en si una persona “debe o no temer”, sino en la legalidad y el respeto al Estado de derecho. A su juicio, cualquier medida que afecte el patrimonio de los ciudadanos debe estar respaldada por un proceso judicial claro, a fin de evitar abusos y proteger tanto a individuos como a empresas.
