admin
LUNES 16 DE FEBRERO 2026
#VisiónMX: Momentos cuestionables
Por: Fernando Moctezuma Ojeda – @FerMoctezumaO
El anuncio de Morena sobre una reforma integral al Sistema Nacional Anticorrupción vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta de fondo: ¿se trata de una corrección institucional largamente pendiente, o de un reacomodo político en un momento clave del gobierno federal?
De acuerdo con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, la reforma busca impedir la intromisión del crimen organizado en la administración pública y reconstruir el andamiaje anticorrupción. El planteamiento incluye cinco ejes: eliminar de forma total el fuero, rediseñar el SNA, modificar reglas para la designación del titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), blindar la denuncia ciudadana y fortalecer la revocación de mandato. Sobre el papel, los objetivos parecen alineados con una demanda social persistente: reducir la impunidad y mejorar la fiscalización del gasto público.
Sin embargo, el momento político y algunos énfasis de la propuesta obligan a una lectura más cuidadosa. En particular, la intención de impedir la reelección del actual auditor superior, David Colmenares, abre un flanco que Morena no ha explicado con suficiente claridad. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió para que un funcionario que atravesó sin sobresaltos la mayor parte del sexenio anterior se convierta en un obstáculo institucional?
Los datos duros ofrecen un panorama menos lineal de lo que sugiere el discurso político. Desde 2018, la ASF ha detectado irregularidades en el ejercicio de recursos federales cada año. Entre 2019 y 2023, las observaciones acumuladas alcanzaron alrededor de 303 mil millones de pesos, con un saldo pendiente de aclarar o recuperar cercano a 58–59 mil millones al considerar hasta la Cuenta Pública 2024. Tan solo en 2024, las anomalías identificadas rondaron los 7 mil millones de pesos, de los cuales más de 5.8 mil millones seguían sin solventarse al cierre de 2025.
No se trata de cifras menores ni de hallazgos aislados. Las irregularidades más frecuentes —falta de documentación comprobatoria, pagos indebidos, obras no ejecutadas o de mala calidad, y uso inadecuado de recursos transferidos a estados y municipios— se concentran en sectores sensibles como salud, educación e infraestructura. El gasto federalizado, ejercido principalmente por entidades federativas y municipios, concentra entre 85 y 90% de los montos observados en los años recientes. Casos como Veracruz, con más de 1,078 millones de pesos observados en salud durante 2024, ilustran la persistencia del problema a nivel subnacional.
Al mismo tiempo, existe una tendencia que merece atención: mientras la cobertura de auditorías ha aumentado, la proporción de daño patrimonial detectado respecto al monto auditado ha disminuido de forma sostenida. En 2018, el índice de detección superaba el 9%; para 2022, se ubicaba cerca del 1.2%. Esta “paradoja” —auditar más y observar menos en términos relativos— ha sido interpretada de distintas maneras: mejoras reales en el cumplimiento, cambios metodológicos o una fiscalización menos profunda en términos forenses. Lo que no ha cambiado es la baja efectividad en la etapa final del proceso: la conversión de observaciones en sanciones. De cientos de denuncias penales presentadas, solo un número marginal ha derivado en sentencias firmes.
Es en este contexto donde la reforma propuesta genera suspicacias legítimas. Si el problema central es la debilidad en la cadena de responsabilidades —desde la detección hasta la sanción—, ¿por qué el foco se coloca en la figura del auditor y no en el fortalecimiento de las capacidades técnicas, la coordinación con fiscalías o la autonomía real de los órganos que integran el SNA? Más aún: ¿por qué plantear la desaparición del Comité de Participación Ciudadana bajo el argumento de que “ya no funciona”, cuando su diseño responde precisamente a la necesidad de contrapesos sociales frente al poder político?
La discusión no es menor. Acotar la participación ciudadana a la denuncia y la revocación de mandato puede resultar insuficiente en un país donde el acceso a la justicia es desigual y donde las denuncias rara vez concluyen en sanciones efectivas. El riesgo es sustituir un esquema imperfecto por otro más concentrado en el poder legislativo y en mayorías coyunturales.
Morena sostiene que busca cerrar el paso al crimen organizado y al nepotismo en la fiscalización. Esa meta es compartida por amplios sectores sociales. Pero la credibilidad de la reforma dependerá de su coherencia institucional y de su distancia respecto a intereses políticos inmediatos. Reformar para fortalecer exige reglas claras, autonomía efectiva y participación social robusta. Reformar para controlar, en cambio, puede debilitar aquello que se dice querer proteger.
En un país donde las irregularidades detectadas suman cientos de miles de millones de pesos y donde la recuperación histórica ronda apenas el 8%, la pregunta clave no es quién encabeza la ASF, sino si el Estado está dispuesto a asumir el costo político de sancionar de manera sistemática, incluso cuando los responsables forman parte del mismo bloque en el poder. La reforma al Sistema Nacional Anticorrupción será una prueba temprana de esa voluntad.
APUNTES CLAVE:
VACUNACIÓN: El diputado Rubén Moreira Valdez atribuyó el repunte del sarampión y las muertes registradas en México a la caída en los índices de inmunización desde 2019, tras la cancelación de las Semanas Nacionales de Vacunación. Señaló que la cobertura pasó de 97% en 2018 a 73% en 2019 con el gobierno de Morena, dejando a millones de niñas y niños sin protección. Indicó que hoy los niveles siguen por debajo de lo recomendado por la Organización Panamericana de la Salud, y criticó que autoridades como el Instituto Mexicano del Seguro Social responsabilicen a administraciones pasadas. //SEGURIDAD: El gobernador Alejandro Armenta Mier informó que, mediante coordinación entre fuerzas estatales, federales y municipales, fueron detenidos cuatro presuntos responsables del homicidio de tres jóvenes en la ciudad de Puebla. La intervención se realizó en menos de dos horas, con apoyo aéreo, drones y el operativo “Puebla Segura”, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, como parte de la estrategia de seguridad coordinada con el gobierno federal. //DEPRESIÓN: La diputada federal Fuensanta Guerrero alertó sobre la falta de atención a la salud mental en México, al señalar un déficit crítico de inversión pública que deja sin servicios eficaces a 3.6 millones de personas adultas con depresión. Advirtió que uno de cada siete niñas, niños y adolescentes presenta este padecimiento y llamó a destinar recursos suficientes y personal especializado para atender un problema de salud pública que, dijo, sigue siendo relegado en la agenda nacional. //JUSTICIA: La diputada Noemí Luna exigió una investigación seria y transparente por el levantamiento y asesinato de cinco de diez mineros secuestrados en Sinaloa, y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Señaló que las desapariciones en México promedian 40 casos diarios durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo que atribuyó a fallas en la estrategia de seguridad.
CONTACTO:
hola@fermoctezuma.news / Whatsapp / Telegram / Twitter / Instagram / TikTok
Visita fermoctezuma.news
